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Delaware, la meca de las empresas que quieren pagar pocos impuestos

Sus ventajas mercantiles y fiscales han convertido al estado americano en sede fiscal de muchas españolas star-up españolas. Nuestro país no lo considera paraíso fiscal, pese a serlo en la práctica


Carto, Cabify, Userzoom o Fever. Start-ups que tienen en común algo más que ser exitosas empresas emergentes españolas. También comparten tener su domicilio fiscal en el minúsculo estado norteamericano de Delaware, el segundo más pequeño del país y de los menos poblados. Con una superficie similar a la de la Comunidad de Madrid y algo menos de un millón de habitantes, ese territorio de la costa este -hacia el norte, entre Nueva Jersey y Maryland- despliega un magnetismo irresistible para las empresas, como lo prueba que concentre más sociedades que ciudadanos: más de la mitad de las firmas que cotizan en la bolsa estadounidense tienen su domicilio fiscal en Delaware, así como el 60 % de las de la lista Fortune 500 (las 500 mayores empresas estadounidenses) y también casi medio millar de las filiales de las firmas del Ibex.

¿Dónde está el secreto de su éxito como polo para los negocios? ¿Cuál es su atractivo? «Constitución rápida, gestión fácil e impuestos bajos. Ese es el secreto de Delaware para las empresas y, en especial, para las emergentes», resume Roberto Touza, experto en start-ups e innovación. Y con él coincide Luis Agramunt, socio fundador de Juris Magister y abogado especializado en establecimiento de empresarios, inversores y profesionales en EE.UU., además de autor del libro Destino: Estados Unidos (Bubok, 2012).

La baza de la regulación

Los expertos consultados destacan especialmente que el atractivo de Delaware radica -más allá de las ventajas fiscales que, indudablemente, tiene- en una legislación mercantil «extremadamente ágil», que coloca en el centro, dándole todo tipo de facilidades, a quien quiere crear una empresa. «La regulación es muy pro empresarial, muy facilitadora y flexible», apunta Touza.

Jeff Bullock, secretario de Estado de Delaware, resumía en USA Today la filosofía de este territorio en materia mercantil asegurando que los empresarios quieren dedicar su tiempo «a trabajar con sus inversores, proveedores y clientes, y no con el gobierno». De ahí su normativa societaria de mínimos, con todo tipo de facilidades a las empresas y prácticamente inexistentes trámites burocráticos.

Cabe recordar que el estado tiene un departamento específico, la división de pequeñas empresas, para asesorar a las sociedades de menor tamaño y ayudarlas a crecer. También hay un portal interactivo con más de tres centenares de programas para start-up ofrecidos por 90 organizaciones asociadas.

Sirva como ejemplo de las ventajas corporativas de este estado americano el hecho de que para trasladar allí el domicilio fiscal de una sociedad apenas se precisa más que nombrar a un administrador y crear una figura conocida como «agente autorizado», que funcionará en representación de los directivos garantizando su más absoluto anonimato. «El administrador no consta en la documentación de constitución y registro de la sociedad y, por lo tanto, no es objeto de registro público», explica Agramunt.

Opacidad

De hecho, este secreto empresarial completo, esa opacidad -la identidad de accionistas y directivos siempre permanece en la sombra y se protege incluso en caso de juicio penal contra la empresa por la comisión de delitos- es uno de los factores que, junto con la baja o nula tributación, hacen de Delaware, en la práctica, un paraíso fiscal. La paradoja es que, sin embargo, no figura como tal en el listado español ni europeo o de la OCDE.

Pese a que fuentes del sector consultadas insisten en que las ventajas fiscales tienen menos peso frente a las consideraciones corporativas (los gastos de constitución son reducidos y el proceso on-line, rápido) para que las compañías se instalen, son un factor, sin duda, de importancia. Y es que no se paga si no se tiene presencia física en el estado o se opera allí, mientras que el impuesto de sociedades para las empresas que sí operan en el estado es algo superior al 8 %, un tercio que en España, donde el tipo está en el 25 % del beneficio.

Imposición de los fondos

Fuentes de una consultora internacional, que piden no ser identificadas, subrayan que «el nivel de sofisticación y seguridad es lo que hace que fondos sectoriales, fondos de fondos, private equity, etc., para entrar en el capital de una start-up, le impongan que se instale en un territorio cuya legislación conocen bien, porque pueden estructurar su inversión de forma ágil y rápida».

Esto explica, por ejemplo, el caso de la española Carto, creada en el 2009 y redomiciliada en Delaware cinco años más tarde, cuando el gigante californiano del capital riesgo Accel Partners entró en su accionariado en su última gran ronda de financiación.

Sin embargo, otra emergente española, Packlink, es una excepción a esta regla, ya que también con Accel como inversor, aunque valoró en el 2015 mudarse fiscalmente a Delaware, no lo hicieron, y Accel no se opuso.

«No es que España sea una república bananera, pero si vas a captar inversores norteamericanos, están más dispuestos a entrar en el capital de tu empresa cuando está en su país, donde conocen y controlan la normativa y saben que no habrá sorpresas desagradables en caso de conflicto», coincide Touza, recordando también que una de las singularidades de estas start-up, eminentemente tecnológicas y digitales, es, junto con la necesidad de buscar inversores interesados en entrar en su accionariado, la flexibilidad de su modelo corporativo, que no las ata a una sede física. «No te hace falta tener la empresa en un lugar concreto, puedes tenerla fiscalmente allí, sin sede, operando a nivel global y pagando menos impuestos», añade.

Camino de ida ¿y vuelta?

Por último, mientras que Carto o Userzoom se mudaron a Delaware tras la entrada en su capital de fondos internacionales, otras, como Cabify, parecen tener intención de hacer el camino contrario. La plataforma de transporte, que domicilió en el estado americano su sede fiscal desde su creación (igual que Fever), anunció el pasado verano que la trasladaría a Madrid.

El anuncio lo hizo en plena guerra entre los taxis y las compañías de VTC y el objetivo era poner punto final a una polémica que acompañó a Cabify desde su nacimiento: las acusaciones de no tributar en España porque está instalada en un paraíso fiscal.

En aquel momento, Mariano Silveyra, responsable de Cabify en España, explicó que «ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal, algo que no es siquiera cierto, ya que Delaware es una región con beneficios fiscales para las empresas, sí, pero no un paraíso fiscal».

El cambio, que la compañía aseguró que ya estaba en sus planes -aunque de manera interna y no pública-, no tiene, sin embargo, fecha de consumación, algo que Silveyra achacaba a cuestiones legales y fiscales, «que no son sencillas y llevan su tiempo».

 

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