EE.UU. anuncia que desde el 2 de mayo se podrá demandar a las compañías que operen en bienes expropiados tras la revolución
18 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Lo que Estados Unidos no consiguió con la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, busca lograrlo ahora con la activación del hasta ayer durmiente título III de ley Helms-Burton, de 1996. Este punto de la misma permite a los ciudadanos estadounidenses la denuncia en tribunales de EE.UU. de compañías que hoy se localizan en propiedades expropiadas tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Con ello, la Administración Trump busca ganarse al exilio cubano, cuyos votos son fundamentales en un estado electoral clave como Florida, pero también ahogar económicamente al Gobierno de la isla y, de paso, a Venezuela.
Coincidiendo ayer con el 58º aniversario del desembarco de los exiliados anticastristas en Cuba, el secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó que el 2 de mayo entrará en vigor el título III de la ley. Aprobada en tiempos de Bill Clinton, todos los presidentes fueron firmando la suspensión de este título tras diversas denuncias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero la tregua no ha aguantado la presión de los halcones de la Administración Trump, liderados por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que también anunció ayer el endurecimiento de los requisitos para viajar a Cuba y una limitación a 1.000 dólares trimestrales de las remesas que podrán enviarse a familiares en la isla.
La Casa Blanca abre así un nuevo enfrentamiento con Europa y Canadá, con intereses comerciales en la isla. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que expresaron su determinación «de trabajar juntas para proteger» a europeos y canadienses de una «innecesaria espiral de acciones legales».
España está entre los países más afectados, con decenas de empresas que trabajan en la isla, especialmente cadenas hoteleras como Iberostar o Meliá. Los problemas podrían ser incluso mayores si, tal y como ha dejado entrever Estados Unidos, se activara también el título IV, lo que impediría la entrada en su país de quienes hayan «traficado» con propiedades estadounidenses en Cuba.
Amenaza de Bruselas
Desde Bruselas ya se ha respondido con la amenaza de llevar ante los tribunales a las compañías que interpongan demandas de reparación, muchas de las cuales tienen activos en suelo europeo que correrían el riesgo incluso de ser confiscados para pagar las pérdidas sufridas por los europeos afectados.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, afirmó en rueda de prensa que, aunque podrían ser cientos de miles, el Departamento de Justicia ha «certificado» el fundamento de 6.000 reclamaciones sobre propiedades que, con intereses, han valorado en 8.000 millones de dólares. Además, aseguró que no harían excepción ni con empresas de EE.UU. ni de sus aliados.
Mike Pompeo defendió ayer que el «coqueteo» de Barack Obama con los Castro no impidió que «el régimen continuara privando a su propia de gente de las libertades fundamentales», y justificó la acción estadounidense porque «el comportamiento de Cuba» afecta a la «seguridad y estabilidad» de los países de la región, lo que, según Pompeo, «amenaza directamente los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos».