El último revés a las macrocausas sella el ocaso de los jueces estrella

Mercasevilla, el primer gran caso instruido por la jueza Alaya, se ha cerrado con la absolución de 13 de los 14 acusados


madrid / la voz

Una sola condena y trece absoluciones. Ese es el balance del último juicio del caso Mercasevilla, sobre cuya rama societaria la Audiencia de Sevilla acaba de dictar sentencia. El fallo pone bajo los focos a Mercedes Alaya, instructora de las macrocausas que, con el epicentro en el mercado central sevillano (de capital mayoritariamente público), hirieron de muerte a los gobiernos socialistas de Andalucía de las dos últimas décadas, aplastados por la sospecha de corrupción endémica.

El fiasco de esta sentencia, en la que solo el ex director general de Mercasevilla ha sido condenado y a una pena muy inferior a la reclamada por la Fiscalía -dos años en lugar de 24- se suma a un rosario previo de fracasos de Alaya, convertida en «estrella» por ser el azote de una clase política presuntamente envilecida.

Pero los números la condenan a ella, ya que las cuatro macrocausas ya juzgadas y que instruyó durante una década (tres vinculadas a operaciones de Mercasevilla, además del caso Betis) se han cerrado con condenas ínfimas, frente al andamiaje de corrupción que les imputaba la jueza. De hecho, de las 36 personas procesadas en estas causas y para las que se pedían decenas de años de prisión y abultadas multas, solo dos han sido condenadas y a penas mínimas.

Que la ahora magistrada de la Audiencia sevillana logre salvar su maltrecho prestigio como instructora depende del fallo del caso de los ERE -se espera para finales de año-, en el que han sido juzgados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con otra veintena de ex altos cargos. 

Del estrellato a la inhabilitación

El llamativo pinchazo de Alaya no es único. Se ha repetido en los últimos años, al calor de macroprocesos mediáticos que lanzaron a sus instructores al estrellato. El hundimiento más sonado quizá sea el de Baltasar Garzón.

El que fue azote del narcotráfico gallego desde la Audiencia Nacional -era titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 desde 1998- fue expulsado de la carrera judicial en el 2012, después de que el Supremo lo condenara a once años de inhabilitación. ¿El motivo? La prevaricación cometida durante la instrucción del caso Gürtel, al ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados.

Los siete magistrados del tribunal acusaron a Garzón de restringir el derecho de defensa de los acusados y colocar el proceso penal español al nivel de «regímenes totalitarios». La conclusión es que, a diferencia de lo que sostenía Maquiavelo, el fin -por muy loable que sea- no justifica los medios.

En su hoja de servicios están, además de la muy cuestionada instrucción de la operación Nécora (un 90 % de los acusados resultaron absueltos), el caso GAL o la investigación de ETA y su entorno. Otros casos, como el arresto de Pinochet o la investigación de los desaparecidos de la dictadura argentina, lo encumbraron a nivel internacional. Pero el Supremo insistió en su sentencia: «La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia». 

Justicia frente a justicieros

Idéntico argumento se le aplicó a otro instructor que corrió la misma suerte que Garzón. Elpidio Silva se convirtió casi en héroe nacional en el 2013 por enviar a prisión al primer banquero tras la crisis. Mandó a la cárcel al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en dos ocasiones, pero el Supremo acabó inhabilitando a Silva durante 17 años y medio por prevaricar en el procedimiento que, entre otras irregularidades, reabrió sin que hubiera indicios para ello.

La última en sumarse a este peculiar club es Pilar de Lara. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo acaba de ser suspendida siete meses y un día de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial por «una falta muy grave de desatención» de sus competencias. Paradójicamente fueron las macrocausas que la encumbraron -algún abogado dice que la operación Carioca es más voluminosa que la del 11M, con 272.000 y 130.000 folios frente a 241.000 y 43.000- las que acabaron sepultándola.

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