El regulador presume de que sus resoluciones evitaron un gasto adicional de 280 millones en el 2018
02 may 2019 . Actualizado a las 07:51 h.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el azote de las empresas que intentan saltarse a la torera las leyes del libre mercado, sobre todo de las que operan en sectores estratégicos que tocan de lleno a los consumidores. Léase, suministro de energía eléctrica y de carburantes. Los expedientes sancionadores por manipulación del mercado son frecuentes, y en muchos casos millonarios, como los 25 millones de euros impuestos a Iberdrola por alterar, presuntamente, el precio mayorista de electricidad a finales del 2013. Aunque casi todos acaban recurridos por las compañías ante la Justicia, que, en muchas ocasiones, tumba sus expedientes por fallos en la tramitación o por falta de pruebas contundentes que corroboren los pactos de precios y las irregularidades sancionadas. Por eso, la misión del regulador es un tanto frustrante, porque apenas llega a cobrar las multas que impone.
Sin embargo, Competencia hace cuentas anualmente del ahorro que supone su ardua tarea de vigilante para el bolsillo de los consumidores. En su último informe, calcula que los doce expedientes ejecutados durante el 2018 evitaron un gasto adicional de 280,5 millones de euros, gracias al trabajo de control de concentraciones y de conductas colusorias para la concertación de precios.
La tercera cifra más elevada
Esa cifra de ahorro es la tercera más elevada de la serie histórica, solo por detrás de la alcanzada en el 2011 (casi 400 millones) y el 2015 (2.300 millones). Este último dato tan abultado se explica por el mayor número de expedientes resueltos ese año y, sobre todo, por el enorme tamaño del mercado afectado por algunas de las infracciones sancionadas. De ese 2015 es, por ejemplo, la multa antes mencionada a Iberdrola. Pero el castigo más cuantioso impuesto hasta ahora por Competencia se produjo también durante ese 2015: 171 millones de euros a 21 empresas del sector del automóvil por el «intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible» con el objetivo de repartirse el mercado.
Los expedientes más frecuentes son los que castigan los acuerdos entre empresas para repartirse un nicho de negocio (cartel). De los doce del 2018, ocho persiguieron estas conductas colusorias.
Para efectuar el cálculo de ahorro, Competencia recopila todas sus resoluciones, incluidas las recurridas, «ya que consideramos que el propio hecho de la incoación y resolución de un expediente sancionador implica, al menos, el cese de la infracción, que es en lo que se basa la estimación del beneficio para los consumidores». En cuanto al mercado afectado, utiliza para su cálculo de ahorro el volumen medio anual de negocio durante la infracción y parte de la base de que la subida de precios evitada por la intervención es del 10 %.
Éxito en los tribunales
Competencia acaba de vivir uno de sus primeros triunfos en los tribunales. Según informó el propio regulador, la Audiencia Nacional acaba de refrendar un expediente sancionador suyo contra una pequeña compañía distribuidora de energía eléctrica (Hidroeléctrica del Carmen, de Guadalajara). La CNMC la multó en el 2016 con 50.000 euros por entorpecer «de forma sistemática» el cambio de comercializador en sus redes, «un hecho que supone vulnerar el derecho de los consumidores de elegir libremente el suministrador de energía eléctrica». La empresa recurrió, pero ha sido en balde.