El plan fiscal del Gobierno de Sánchez: 5.654 millones más en impuestos a partir del 2020

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

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Oscar del Pozo - Europa Press

El programa enviado a Bruselas aplaza la subida incluida en los Presupuestos fallidos del 2019

04 may 2019 . Actualizado a las 16:03 h.

Dos días después de ganar las elecciones, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez remitió a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad Financiera 2019-2022, en el que detalla su hoja de ruta en materia fiscal: una subida de impuestos de 5.654 millones de euros y un incremento de la recaudación al final del período de en torno a 26.000 millones, que resultarían del aumento de la presión fiscal (entendida como ingresos públicos en porcentaje del PIB), que pasaría del 38,9 % del 2018 al 40,7 % dentro de tres años.

Las críticas no se hicieron esperar. «Sablazo intolerable a las clases medias», «escándalo» o «fraude» fueron algunos de los calificativos empleados por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que censuraba que Sánchez lo hubiera «ocultado» para no perder votos el 28A. Pablo Casado también se unió a los reproches por la «subida de impuestos de 26.000 millones en los próximos años» y reclamó «explicaciones». Pero ¿realmente escondió el PSOE el rejón fiscal? ¿Cuándo comenzaremos a pagarlo? Y, lo que es más importante, ¿subirán los impuestos 26.000 millones en cuatro años? Las respuestas, a continuación:

¿Cuánto van a subir los impuestos?

El incremento comprometido por el PSOE con Bruselas es de 5.654 millones, que se corresponden -explican en el documento- con las medidas tributarias pactadas en la pasada legislatura con Unidas Podemos y que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019, así como las medidas de lucha contra el fraude y las nuevas figuras tributarias (impuesto sobre transacciones financieras e impuesto sobre determinados servicios digitales). El Ejecutivo subraya que mantiene sin cambios el cálculo estimado para ellas en las cuentas fallidas del 2019.

¿Desde cuándo?

Al no poder sacar adelante los presupuestos -lo que precipitó la convocatoria de elecciones-, los cambios tributarios se aplicarán a partir del 2020, un año más tarde de lo previsto.

Si no son más impuestos, ¿de dónde salen los 26.000 millones extra?

La explicación está en la mejora esperada del ciclo económico, que se traducirá en un crecimiento del número de contribuyentes y de las bases imponibles. Esto hace que los ingresos previstos ganen peso sobre el PIB y se incremente la presión fiscal (1,8 puntos) sin aplicar nuevos gravámenes o elevar los existentes.

¿Cuáles son las alzas fiscales previstas?

Las que el Gobierno ya había anunciado para este año y que quedaron en el limbo al no aprobarse las cuentas públicas. Afectarán principalmente a las grandes empresas (1 % del total) y a las rentas más altas (0,5 % de los contribuyentes o, lo que es lo mismo, unas 90.000 personas de un total de veinte millones).

En lo que respecta al incremento del impuesto de sociedades (1.776 millones de recaudación prevista), fija para las grandes compañías una tributación mínima del 15 % sobre la base imponible. La medida afectará únicamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de cifra de negocio sea igual o superior a 20 millones de euros. Por contra, el tipo nominal de sociedades bajará del 25 al 23 % para las pymes que facturen menos de un millón de euros.

También contribuirán más al erario público (328 millones) las rentas más altas: quienes superen los 130.000 euros verán elevarse el IRPF en dos puntos (hasta el 47 %), y el doble (al 49 %) aquellos que excedan los 300.000 euros. Igualmente subirá cuatro puntos el tipo sobre la base del ahorro para rentas superiores a 140.000 euros (del 23 al 27 %). A lo anterior se suma el alza de un punto en el impuesto sobre el patrimonio (339 millones previstos) en los casos en los que se rebasen los 10 millones de euros.

Con la tasa digital o «tasa Google», que gravará con un 3 % los ingresos generados en España por determinados servicios online, se espera ingresar 1.200 millones. Se aplicará a las empresas cuya cifra neta de negocio supere los 750 millones anuales y cuyos ingresos en España rebasen los tres millones. El Gobierno recuerda que este impuesto, cuya aplicación ya había anunciado Cristóbal Montoro durante el Gobierno Rajoy, se basa en el propuesto por la Comisión Europea «para gravar aquellas actividades digitales que obtienen valor añadido de la participación de los usuarios europeos, pero que no están gravadas por los Estados miembros actualmente».

Igualmente se aplicará una tasa del 0,2 % a las transacciones financieras, con la que el Ejecutivo espera recaudar otros 850 millones, que se sumarán a los 828 de las medidas de lucha contra el fraude fiscal (desde rebajar a 1.000 euros el límite al pago en efectivo a reforzar la lista de morosos que publica Hacienda).

Cierra la lista de medidas la subida del impuesto al diésel, a razón de 3,8 céntimos por cada litro de este combustible, lo que se traducirá en 670 millones adicionales de recaudación.

¿Nos esperan nuevas subidas?

No, en principio. El documento recoge que «no habrá nuevas medidas tributarias», para matizar: «Sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso». Esta salvedad puede leerse en clave política, en la búsqueda de apoyos para la investidura, que pueden obligar a hacer concesiones en el plano fiscal.

¿Y qué opina Bruselas?

Ya expresó sus dudas sobre las estimaciones de ingresos recogidas en el borrador de Presupuestos del 2019. Alertó de exceso de optimismo. Habrá que esperar a sus recomendaciones, en junio, para saber si el nuevo documento le ha hecho cambiar de idea.

La subida fiscal afectará sobre todo a las grandes empresas y a las rentas más altas

El equilibrio de las cuentas, para dentro de tres años

Según la actualización del Programa de Estabilidad Financiera, el Ejecutivo espera alcanzar el ansiado objetivo de consolidación fiscal -el equilibrio en las cuentas públicas- en un plazo de tres años. No será hasta el 2022 cuando España, que sí saldrá este año del procedimiento de déficit exceso en el que está incursa desde el 2009, logre el déficit cero.

Las previsiones del Gobierno colocan el desfase presupuestario en el 2 % en este ejercicio, para reducirlo al 1,1 % el que viene y dejarlo el siguiente a solo cuatro décimas del equilibrio, que confía en conseguir en el 2022, gracias al ya explicado incremento de los ingresos públicos, por la doble vía de las subidas fiscales y del impulso que le presta el ciclo económico a la recaudación, que se elevará hasta el 40,7 % del PIB.

En lo que respecta a la ratio de la deuda sobre el PIB, la evolución esperada por el Ejecutivo arranca en el 95,8 % al cierre de este año, para rebajarla al 94 % el que viene, al 91,4 % en el 2021 y situarla por debajo del 90 % -concretamente en el 88,7 %- al final del período.

El documento remitido a Bruselas incluye también las nuevas previsiones macroeconómicas que maneja el ministerio de Nadia Calviño, que apuntan a una ligera desaceleración del crecimiento hasta el 2022. Así, el incremento del PIB será del 2,2 % este año, «reflejando el entorno internacional menos favorable, en particular por la ralentización de la zona euro», apunta el texto oficial. En los ejercicios siguientes el crecimiento continuará, aunque se irá moderando: un 1,9 % en el 2020 y un 1,8 % en los dos años siguientes.

Como consecuencia de la «prolongación de la fase expansiva de la economía», el Ejecutivo defiende ante Bruselas su optimismo sobre el mercado laboral. Espera que el empleo equivalente a tiempo completo aumente un 2 % este año y vaya desacelerándose conforme lo haga el PIB, hasta el 1,6 % en el 2022. En lo que respecta a la tasa de paro, la previsión es que siga cayendo: en el 2022 estará en menos del 10 % y este mismo año cerrará por debajo del 14 %, según Economía.

En relación con el mercado laboral, el Plan Nacional de Reformas anuncia la intención del Ejecutivo de reducir a tres los tipos de contrato, así como la puesta en marcha gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización, conocido como «mochila austríaca».