La Procuraduría brasileña considera inconstitucional el decreto de Bolsonaro que libera la compra de armas

El Congreso podrá modificar o anular el decreto que firmó el gobernante ultraderechista

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Redacción

El decreto por el que el presidente Jair Bolsonaro flexibilizó la posesión y el porte de armas en Brasil contiene varios artículos que atentan contra la Constitución brasileña, según un dictamen divulgado este martes por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano.

El dictamen de este organismo vinculado al Ministerio Público de Brasil fue enviado el miércoles mismo al Congreso, que podrá modificar o anular el decreto que el gobernante ultraderechista firmó el 7 de mayo y que amplía los derechos a la posesión, comercialización y porte de armas y municiones en Brasil.

La constitucionalidad del decreto también ha sido cuestionada por organismos del Senado y de la Cámara de Diputados y obligó a la magistrada de la Corte Suprema Rosa Weber a pedirle al mandatario que «explique» los términos de su decreto antes de juzgar una serie de denuncias contra la legalidad de la medida.

Tras la serie de críticas a su iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña electoral, Bolsonaro ha admitido que «si el decreto es inconstitucional, entonces tiene que dejar de existir», aunque ha dado a entender que la medida no será suspendida ni retirada por iniciativa de su Gobierno.

«El escenario es de inconstitucionalidad integral del decreto. Las ilegalidades se acumulan en prácticamente todos las actividades reguladas por la propuesta: la posesión, la compra, el registro, el porte, el tiro deportivo y las municiones», según el documento divulgado por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano.

De acuerdo con este organismo, por tratarse de una propuesta que altera políticas que fueron adoptadas en el pasado mediante ley, Bolsonaro no puede flexibilizar el llamado Estatuto del Desarme (2003) mediante un decreto ejecutivo y solo podría hacerlo mediante un proyecto de ley discutido y aprobado por el Legislativo.

La Procuraduría de los Derechos del Ciudadano agregó que el Gobierno no promovió una discusión «transparente y plural» de su iniciativa para armar a los ciudadanos como forma de mejorar la seguridad pública, ni presentó argumentos para justificarla.

De acuerdo con su texto, la iniciativa tan solo busca cumplir una promesa de campaña hecha por el actual jefe de Estado pero no respeta los principios de legalidad ni de separación de poderes, así como tampoco «el deber público de promover seguridad».

El decreto de Bolsonaro da el derecho a portar armas a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.

El decreto también libera la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas, previa autorización del Comando del Ejército, que junto con la Policía Federal estará a cargo de la fiscalización de todo lo relativo a los permisos.

Las nuevas normas decretadas por el presidente brasileño complementan otras anunciadas en enero pasado que ablandaron las exigencias para la venta de armas a civiles.

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