Más de 400 altercados en el otoño caliente catalán refuerzan la acusación de rebelión

M. SAiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ACTUALIDAD

Uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados el 21 de septiembre del 2017
Uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados el 21 de septiembre del 2017 Quique García | Efe

La Fiscalía detalla una «situación claramente insurreccional» durante 49 días

31 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía quiere dejar claro que su acusación de rebelión contra los líderes del procés no es fruto de una apreciación subjetiva y mantiene que es cuantificable numéricamente. El Ministerio Público, tras 50 sesiones y cerca 300 horas de juicio, ha llegado a la conclusión de que la intentona separatista catalana de otoño del 2017 desembocó en una «situación claramente insurreccional» por el alto número de incidentes que buscaban desestabilizar al Estado.

Según el recuento hecho por la acusación popular en su escrito de conclusiones, la rebelión del procés se plasmó en 404 altercados que tuvieron lugar en los 49 días que van desde el 20 de septiembre del 2017 (fecha del asedio a la comitiva de la Guardia Civil durante el registro a la Consejería de Economía y en el que la Fiscalía fija el inicio de la «insurrección») al 8 de noviembre (día en el que se celebró una huelga general convocada por CSC, ANC y Omnium, último acto de la intentona separatista, según el análisis del Ministerio Público).

Los fiscales afirman que el epicentro de esa «insurrección» tuvo lugar el 1-O, la jornada electoral ilegal en la que, sin embargo, según las defensas de los doce procesados, se demostró precisamente que el procés no fue una rebelión porque la actitud de los más de dos millones de ciudadanos que participaron en la consulta fue absolutamente pacífica y el delito de rebelión requiere del ejercicio de violencia.

En las antípodas se sitúa el relato de la Fiscalía, que afirma que solo en aquella jornada se produjeron 80 «incidentes con enfrentamientos y hostilidades frente a la actuación de las fuerzas de seguridad». La tesis de las defensas de que en aquella jornada en los colegios todo fue un ejercicio de resistencia pacífica es rechazado de plano por la acusación pública.

Otro de los ejes fundamentales de la Fiscalía a la hora de mantener la rebelión son los escraches. De acuerdo con su relato, en el período álgido del procés, que el Ministerio Público sitúa entre el 20 de septiembre -asedio a la Consejería- y el 27 de octubre del 2017 -aplicación del artículo 155- hubo 47 «actos de acoso» a casas cuarteles y acuartelamientos; otros 23 hostigamientos a comisarías de Policía Nacional y «edificios públicos del Estado» en Cataluña: se produjeron once escraches en hoteles y alojamientos en los que se hospedaban los policías y guardias civiles desplazados a la operación Copérnico-Avispa; y 47 «ataques» a sedes del PSC.

Pero hubo otros disturbios que la Fiscalía también cuantifica. El informe recoge, además del asedio en la Consejería de Economía, el acoso a los funcionarios que el 19 y el 20 participaron en otros registros para frenar el referéndum, como los realizados en el departamento de Exteriores o la sede de la CUP. En una de las interpretaciones más polémicas, el Ministerio Público incluye como incidentes propios de una rebelión los disturbios en el llamado «paro de país» del 3 de octubre del 2017. La Fiscalía recuerda que en esa huelga se produjeron 116 altercados en «cortes de carreteras y vías férreas», que cuantifica como incidentes para la rebelión y no como simples desórdenes públicos.