Tres pilares del desafío secesionista: Parlamento, Gobierno y asociaciones civiles

La Fiscalía describe un proceso perfectamente diseñado y destaca el papel clave de Junqueras, Sànchez y Cuixart


Redacción / La Voz

Según la Fiscalía, los doce acusados que se sientan en el banquillo utilizaron tres pilares: el Parlamento catalán (mediante la aprobación de leyes inconstitucionales como la del referendo y la de transitoriedad política), la actuación del Gobierno (como «maquinista principal del proceso») y las asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, que utilizaron la movilización popular como un «arma imprescindible» para sus fines.

Oriol Junqueras

Rebelión y malversación, 25 años. Es un «partícipe cualificado del estado mayor» del independentismo, el «promotor más importante» de la independencia de Cataluña porque la «llevaba empujando desde hacía mucho tiempo». Recibió «hasta en ocho ocasiones» advertencias del Tribunal Constitucional. La presentación de la pregunta del 1-O, el 9 de julio del 2017, junto a Puigdemont y «la plana mayor del independentismo»; la asunción de las competencias de los procesos electorales en su consejería desde ese mes; la intervención en la aprobación del decreto de convocatoria de referendo; y la firma de la aprobación de normas complementarias para destinar fondos para la celebración de la votación, son cuatro de los episodios que ha recalcado el fiscal. Sus colaboradores en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó eran los encargados de «toda la infraestructura del referendo y de la creación de las estructuras de Estado» de la supuesta república catalana. Junqueras estuvo en las reuniones en las que se marcó «el desarrollo de todo el proceso», y «la valoración de que había que ir por la vía unilateral». Fue informado por los Mossos de que debían desconvocar el referendo porque se preveían «incidentes violentos». Junqueras trasladó al Parlamento catalán los resultados del referendo ilegal para que declarase la independencia y diese pie a «derogar la Constitución». Realizó numerosos llamamientos a la movilización» para votar el 1 de octubre. 

Joaquim Forn

Rebelión y malversación, 16 años. Como responsable de la Consejería de Interior «tuvo el control absoluto de los Mossos» para el 1-O. Fue advertido por el tribunal hasta cinco veces. «Conocía perfectamente que el referendo era un actitud delictiva desde el principio hasta el final». Era conocedor del dispositivo que la policía autonómica diseñó para el 1-O, sobre el que hizo «pequeñas correcciones». Era consciente del informe de valoraciones de riesgos que elaboró la Comisaría General de Información de los Mossos. El fiscal recordó sus declaraciones en una entrevista en la que afirmaba que la policía catalana «garantizará que los ciudadanos puedan votar con normalidad» y que para ello había un plan que, según el fiscal, era el de «simular que se cumplía el mandato judicial y facilitar el referendo». El diseño del dispositivo era un «fraude» por disponer solo de una pareja de agentes por centro. 

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

«Los dueños del orden». El fiscal afirma que fueron «dueños y señores del orden público en Barcelona». Les ha afeado que hablasen de un «estado de excepción» cuando «lo excepcional es que se convocara una manifestación para parar a la Guardia Civil e impedir las actuaciones judiciales». Añadió que los Jordis «impartían órdenes a los Mossos y condicionaban a la Guardia Civil».

La hoja de ruta de la ANC «refleja un cambio, el adelanto del referendo y que las leyes para la consulta y las de desconexión «tenían que ser en octubre del 2017, y eso fue lo que pasó», ha apuntado el fiscal Zaragoza.

Otros exconsejeros

Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva. Son parte del estado mayor independentista con Puigdemont y Junqueras, dijo el fiscal Zaragoza. Su compañera, Consuelo Madrigal, apuntó que Turull (Presidencia) «batió récords de velocidad para conseguir la emisión» de la campaña del referendo ilegal y movilizó los fondos de contingencia, cuyo destino debieran ser «necesidades ineludibles, como catástrofes». A Romeva (Exteriores), Madrigal lo ha acusado de arbitrar los gastos necesarios para «comprar opiniones y apoyos favorables». Y ha citado la tarjeta desde la que se gastaron 40.000 euros en viajes de observadores, 62.000 de un grupo de 13 personas que estuvieron en Cataluña con el pretexto de analizar la situación política; y el pago de 50.030 euros para un análisis encargado a un político holandés ya fallecido. 

Carles Mundó, Meritxell Borrás, Dolors Bassa y Santi Vila. Son «responsables últimos y máximos de todas y cada una de los desvíos de fondos públicos», que alcanzan los tres millones de euros, dijo la fiscala Madrigal, de forma solidaria con todo el Gobierno catalán de entonces. Los acusa de desobediencia y malversación. 

Parlamento catalán

Carme Forcadell. La que era presidenta de la Cámara es una de las promotoras del proceso independentista. Colaboró en retorcer el reglamento e intentar burlar al Constitucional. Le piden 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, como para los Jordis.

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