El Supremo obliga a Repsol a pagar 43 millones por subir la gasolina

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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La gasolinera de Repsol en el casco urbano de Ribadeo, una donde se podrán aplicar los descuentos.
La gasolinera de Repsol en el casco urbano de Ribadeo, una donde se podrán aplicar los descuentos. j.a.

Ratifica dos multas de Competencia por pactar precios, entre otras, con estaciones de servicio de Lugo

06 jun 2019 . Actualizado a las 07:21 h.

El Tribunal Supremo ha ratificado dos sanciones impuestas en el 2015 y el 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Repsol por pactar los precios de los carburantes y encarecerlos. Las multas suman 42,59 millones. La petrolera ya ha anunciado que interpondrá recursos de amparo en el Tribunal Constitucional para esquivar las multas al entender que el criterio adoptado vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

El Supremo valida una primera sanción de 20 millones por una infracción de coordinación de precios con otras compañías y una segunda de 22,59 millones, del 2016, por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de fijación de precios o aplicación de descuentos.

Ambas fueron tumbadas previamente por la Audiencia Nacional, al estimar vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando el regulador, en la resolución sancionadora, declaró a Repsol, como sociedad matriz, autora y responsable de los acuerdos colusorios realizados materialmente por la filial, lo que supuso que el organismo aplicara una responsabilidad objetiva.

En ambos casos, el tribunal defendió la doctrina de que la CNMC sancionó a la compañía matriz y no a la filial, vulnerando «el principio de personalidad de la pena».

Pero ahora el Supremo interpreta que la Constitución avala multar a las matrices por irregularidades en filiales que controlan al 100 % o en un porcentaje próximo, tal como sucede en este caso, donde Repsol posee un 99,78 % de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos.

La sanción más abultada tuvo origen en una investigación iniciada en mayo del 2013. Competencia consideró acreditado que Repsol llegó a un acuerdo con las sociedades Lence Torres (grupo Lence) y Complejo San Cristóbal, propietarias de gasolineras, para coordinar sus precios de venta en el entorno de Lugo.

Denunciaba además la CNMC que la petrolera había llegado a un compromiso similar con la estación de servicio Lorqui, en Murcia, a fin de que no aplicara descuentos superiores a tres céntimos por litro.