España atiende al año a 46.000 pacientes europeos y solo 11 españoles van a la UE

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Es el país que más extranjeros recibe, seguido de Portugal

07 jun 2019 . Actualizado a las 08:09 h.

La directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza del año 2011 permite que los pacientes de la UE accedan a la sanidad en otro país europeo y a que se les reembolse, en su país, los gastos que les ha generado esta asistencia. El Tribunal de Cuentas europeo acaba de presentar un informe sobre esta asistencia y su gestión, a la que recurren anualmente unos 200.000 europeos, menos del 0,05 % de los ciudadanos de la UE. En concreto, en el año analizado, el 2016, fueron 213.096 pacientes. Y los resultados son llamativos por la heterogeneidad de las cifras. Y es que, de esos 213.000 usuarios, España es el país que más extranjeros recibe, 46.000, casi una cuarta parte del total, seguida de Portugal, con casi 33.000.

En este listado del órgano europeo Francia, por ejemplo, aparece en el puesto 22 al recibir solo a 371 usuarios de otros países. Sin embargo, el país galo es el que comunicó el número más alto de pacientes salientes, 146.000, mientras que España solo envió a once ciudadanos a recibir asistencia sanitaria a otro país de la Unión.

Esta directiva establece que cuando un ciudadano de la UE opta por recibir asistencia en otro país debe adelantar el importe de la asistencia, y su Estado le reembolsará los gastos siempre que formen parte de la cartera pública de servicios. Es decir, un paciente no puede acudir al país vecino para una intervención quirúrgica y pretender que la Administración le devuelva el importe si su sanidad pública no lo cubre. Uno de los principales problemas que encuentra la auditoría del tribunal europeo es el pago por adelantado, lo que hace que para muchos pacientes sea un obstáculo difícil de salvar.

Esta directiva se puso en marcha en el 2011, y, por lo que recoge el informe del tribunal, se ha subestimado la dificultad de aplicarla. Primero, porque es muy bajo el porcentaje de ciudadanos de la UE que sabe que tiene derecho a una asistencia transfronteriza programada, y segundo, porque el intercambio de los datos sanitarios es complicado, ya que muchos estados -no así España- ni siquiera han implantado la sanidad electrónica.