La AIReF destacó que el impuesto de hidrocarburos tendrá impacto en todos los hogares, pero será mayor en el caso de las rentas medias y altas
22 jun 2019 . Actualizado a las 08:47 h.La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la equiparación del impuesto que grava al diésel y a la gasolina incrementaría la recaudación en 1.318 millones de euros. Así lo avanzó ayer en Santander el presidente del organismo, José Luis Escrivá, durante su intervención en la clausura del curso de verano que, sobre finanzas sostenibles, organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con la colaboración del BBVA.
Al respecto, destacó que aunque el cambio que el Ejecutivo en funciones pretende introducir en el impuesto de hidrocarburos tendrá impacto en todos los hogares, este será mayor en el caso de las rentas medias y altas.
En el mismo foro, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, abundó en que la diferenciación fiscal a favor del diésel «no es frecuente» en otros países de Europa, aunque admitió que la fiscalidad de los productos petrolíferos no está entre los cometidos del organismo que preside y que a pesar de que una de sus competencias es elaborar informes sobre proyectos normativos, sobre este asunto en concreto «nadie» ha preguntado.
Menos recaudación «verde»
En su intervención, Escrivá también se refirió a la evolución negativa que ha tenido la recaudación de la fiscalidad verde en España, que no solo está seis décimas por debajo de la media europea (supone el 1,83 % del PIB frente al 2,4 % de la UE), sino que además su nivel es inferior al de veinte años atrás, como lo prueba que en 1995 fuera del 2,1 % del PIB.
La situación de esta fiscalidad medioambiental y de las inversiones públicas son cuestiones que el presidente de la AIReF planteó para hacer más sostenibles las finanzas, junto con una adecuada existencia de instrumentos financieros y la necesidad de evaluar y coordinar mejor las políticas públicas ambientales. Al respecto, defendió mejores evaluaciones antes de plantear medidas, además de una mayor coordinación entre Administraciones y un análisis del impacto en los perdedores de las decisiones que se toman.
Revisar 100.000 millones
Escrivá recordó también la labor de revisión de los gastos públicos (spending review) que la institución realiza por encargo del Ejecutivo, y destacó que se está trabajando ya en un proyecto de fiscalización de casi 100.000 millones, lo que supone más que doblar el análisis del pasado ejercicio, que rebasó los 30.000 y evaluó, entre otras partidas, el copago sanitario o las becas.
El informe con los datos de este año, que se publicará en el 2020, revisará los beneficios fiscales (una partida de 60.000 millones), el gasto hospitalario (10.000 más), 20.000 millones en infraestructuras (sobre todo las ferroviarias) y las bonificaciones a la contratación (3.000 millones).