La Autoridad Fiscal propone una renta mínima estatal que complemente los sueldos bajos

Fija los ingresos como requisito de acceso, en lugar del desempleo, y calcula que reduciría en un 60 % la pobreza


Madrid / La Voz

Tres años después de que UGT y CCOO presentaran en el Congreso, avalada por 700.000 firmas, una iniciativa legislativa popular para crear una renta básica de 426 euros para los desempleados de larga duración, sin ingresos y en riesgo de pobreza, que encalló en las Cortes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha concluido el estudio encargado por el Gobierno para evaluar su impacto: reduciría la pobreza extrema en menos del 30 % (un 27,7 %) y tendría 7.200 millones de coste anual. La AIReF cree que la fórmula sindical es «poco eficiente» y ha planteado una alternativa para reducir el doble la tasa de pobreza severa (hasta en un 60 %) con un coste menor, de 5.500 millones.

La novedad está en que el requisito para acceder a esta renta mínima serían los ingresos del hogar y no el estar desempleado, y podría compatibilizarse con el cobro de sueldos reducidos «hasta un umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente».

Igualmente, para reducir el coste fiscal y mejorar la eficiencia de la ayuda, eliminando solapamientos entre Administraciones, el informe propone que esta renta sea estatal y sustituya a las prestaciones nacionales y autonómicas existentes, aunque deja abierta la puerta a que las comunidades complementen su cuantía «tanto en términos de cobertura como de generosidad».

Casi dos millones de hogares

El organismo que preside José Luis Escrivá, plantea dos alternativas que cubrirían a 1,8 millones de hogares, frente al 1,1 del diseño sindical. En la primera variaría en función de la renta y en la segunda habría tres tramos. En ambos casos se incluiría un complemento de 1.200 euros anuales por cada hijo a cargo, y ambas fórmulas establecen ayudas por adulto de hasta el 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), es decir, de unos 430 euros mensuales.

Cualquiera de las propuestas de la Autoridad Fiscal tiene un coste estimado de 5.500 millones anuales, a los que habría que detraer 2.000 millones por las duplicidades que evitaría. Esta alternativa supondría reducir a la mitad el gasto que generaría la fórmula planteada por UGT y CC.?OO. y obtendría, además, mejores resultados en la reducción de la pobreza severa (la de quienes viven en hogares cuya renta disponible es inferior al 40 % de la renta mediana del país), que se reduciría entre el 50 y el 60 %, frente al 27,2% de la propuesta sindical.

La AIReF propone que la renta mínima, que se implantaría de manera gradual en tres años y supondría una décima adicional de déficit estructural por año, se gestione como una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social.

La propuesta de la AIReF rebajaría de 7.500 millones a 3.500 anuales el coste de la medida

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