La Iglesia católica de EE.UU. hace «lobby» para que sus abusos queden impunes
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Invierte millones para evitar que se amplíen los años de prescripción de los delitos
07 oct 2019 . Actualizado a las 18:52 h.Para Mark Rozzi no es ninguna sorpresa. «Lo he visto con mis ojos. Les he visto contratar a treinta y nueve lobistas para trabajarse a cincuenta senadores y poder derrotar en el Senado mi proyecto de ley». A sus 48 años, este político demócrata ocupa desde hace seis un asiento de la Cámara de Representantes de Pensilvania, donde el pasado mes de abril se aprobó su propuesta para eliminar la prescripción penal de los delitos de abuso sexual contra menores. «¿Tú crees que un niño de 13 años que ha sido violado por un cura en la ducha sabe algo de plazos de prescripción?», se pregunta indignado. Rozzi no necesita ponerse en la piel de un crío de esa edad para empatizar. En 1984 él era ese niño y «solo tenía dos años para denunciar».
A pesar de algunos gestos, la Iglesia católica estadounidense sigue haciendo lo posible por guardar la ropa y minimizar los daños de la tormenta de denuncias que ha recibido en los últimos años. Un informe publicado por tres despachos de abogados afirma que entre el 2011 y el 2018 la Iglesia invirtió en ocho estados del país más de 10,6 millones de dólares en cabildeo para torpedear leyes como las que promueve Rozzi. De ellos, la mitad en Pensilvania, donde el año pasado una investigación estatal concluyó que en siete décadas más de 300 curas católicos habían abusado de, al menos, mil menores. Según la ley vigente, prácticamente todos han prescrito.
«Es muy frustrante. En un instante pasan de decir que apoyan a las víctimas a socavarlas gastando todos esos millones de dólares para evitar que [los curas] acaben en un tribunal civil», lamenta Rozzi. Su proyecto de ley elimina la prescripción penal para los futuros casos de abuso sexual a menores (actualmente las víctimas tienen tiempo hasta que cumplen 50 años) y amplía de los 30 a los 55 años del demandante la vía civil. Aprobado en la Cámara de Representantes, el proyecto está ahora en trámite en el Senado, donde los republicanos son mayoría. En lo que llevamos de siglo, las iniciativas de modificación de la ley han fracasado en Pensilvania.
¿Cómo se han invertido esos 5,3 millones de dólares? «No quiero decir que en sobornos pero digamos que en gratificaciones», explica Rozzi. La Iglesia católica «paga a lobistas que tienen conexiones con cargos políticos clave y hace donaciones a campañas». Añade que hay lobistas que se integran en los equipos de campaña de algunos candidatos, por lo que, en caso de éxito, se cobran el favor. «Las víctimas no tenemos los millones de dólares para sobornar a los legisladores», ironiza el demócrata. Algunos de estos lobistas «cobran 300 dólares la hora».
Reacción
La Conferencia Católica de Pensilvania evita hacer declaraciones y nos remite un comunicado. Aunque se publicó hace días, aseguran que «no hemos revisado el informe» de los abogados. Su portavoz, Al Gnoza, añade que «durante más de medio siglo» han hecho trabajos de cabildeo «por innumerables asuntos que son importantes para la fe católica. No tenemos un desglose de los gastos, pero nuestro presupuesto para hacer cabildeo financia este amplio esfuerzo».
«Es una declaración genérica con la que se cubren las espaldas», reacciona Mike McDonnell. Tiene claro que la Iglesia católica conoce perfectamente el montante concreto que invierte en los diferentes temas de su interés. «Y sé que el de la prescripción es la prioridad para la Conferencia Católica de Pensilvania». A sus 50 años, McDonnell es el líder regional de una asociación de ayuda a víctimas de abusos sexuales a manos de curas. Es una de ellas. Dos de su parroquia abusaron de él siendo niño. La primera vez tenía 11 años. La segunda, 13. Al igual que Mark Rozzi, no llegó a tiempo para denunciar a sus presuntos abusadores y hasta hace unos meses no recibió una disculpa de la Iglesia.
Le llegó mediante un programa de reconciliación y reparaciones organizado por el arzobispado de Pensilvania. Incluye un fondo de compensación económica que obliga a que los beneficiarios renuncien a los tribunales. A pesar de ello, para McDonnell «no tiene precio» que exista un documento que le reconozca como víctima, después de pasar más de dos décadas sin confiarle a nadie su tragedia. Padre de un niño de 13 años, ha pasado por dos divorcios, problemas de alcohol y una condena por robar 100.000 dólares a la misma institución que le robó la infancia. Fue «una venganza», pero admite que «no estaba en el mejor estado mental» cuando lo hizo. Eso sí, «asumí mi responsabilidad, que no es algo que se pueda decir de la Iglesia católica».
Pensilvania aspira a seguir los pasos de Nueva York, donde han logrado modificar la ley. Aunque la vía penal se agota a los 28 años (se amplía cinco), la civil se extiende hasta los 55. La Conferencia católica de Nueva York afirma que «retiró su oposición a la ley» una vez que ésta incluyó no solo a sus víctimas. «Esa es la mayor mentira que haya escuchado», estalla Mark Rozzi, que asegura que la Iglesia la retiró cuando ya había pagado al 90 % de las víctimas que se acogieron al fondo de compensación. Rozzi interpreta la decisión: «Ya no les importa si la aprueban ahora porque ya no les va a causar la bancarrota». Según el demócrata, la condena en tribunales conlleva una indemnización muy superior a «la miseria» con la que compran el silencio a través de los programas de reparación.
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