Julio Corrochano tiene 15 días de plazo para depositar el dinero y evitar la cárcel
05 jul 2019 . Actualizado a las 21:37 h.El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga las escuchas ilegales presuntamente encargadas por el BBVA al excomisario José Manuel Villarejo, acordó ayer imponer una fianza de 300.000 euros al exjefe de seguridad de la entidad financiera Julio Corrochano si quiere eludir la prisión. El magistrado estimó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para Corrochano, que tiene ahora un plazo de 15 días para depositar la fianza. Después se le retirará el pasaporte y se le prohibirá salir del país, además de imponérsele comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su residencia.
El responsable de seguridad del BBVA en la etapa que va desde finales del 2004, con el intento de asalto de Sacyr al consejo de administración del banco, bajo la presidencia de Francisco González, está investigado en el marco del caso Villarejo junto con el ex consejero delegado de la entidad Ángel Cano y otros directivos y exdirectivos, como la actual directora de seguridad corporativa, Inés Díaz Ochagavia, o el jefe del equipo de seguridad, Nazario Campo. Todos ellos están acusados de la presunta comisión de los delitos de cohecho, corrupción entre particulares y vulneración de la intimidad.
Corrochano, como la mayoría de los investigados citados para declarar anteayer y ayer, se acogió a su derecho de no hacerlo, habida cuenta de que la causa está declarada secreta y desconocen aún de qué se los acusa y con qué pruebas.
Por el momento, solo Antonio Béjar, que fue jefe del área de riesgos y recuperaciones inmobiliarias del BBVA, admitió el jueves que contrató a Cenyt, la empresa con la que Villarejo facturaba el presunto espionaje, para localizar morosos, pero que desconocía que fuese propiedad del excomisario, actualmente en prisión. Se estima que Cenyt, al servicio del BBVA durante una década, intervino más de 15.000 conversaciones telefónicas de políticos, empresarios y periodistas.
En lo que respecta a Ángel Cano, su declaración ha quedado pospuesta para el próximo día 11, tras alegar el ex consejero delegado que un viaje internacional le impedía acudir este jueves.