Michelle Bachelet insta a Maduro a anteponer «los derechos humanos por encima de cualquier ambición ideológica o política»

La alta comisionada ha subrayado las necesidades de los venezolanos durante la presentación ante el Consejo de los Derechos Humanos del Informe sobre Venezuela

La alta comisionada para la ONU habla en Ginebra sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela
La alta comisionada para la ONU habla en Ginebra sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela

LA VOZ

Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, ha denunciado ante la ONU la situación en la que viven los venezolanos  que sufren «graves vulneraciones de derechos» bajo el régimen de Maduro. Ha comparecido este viernes en Ginebra para exponer sus conclusiones acerca del informe publicado el jueves por la ONU que analiza la situación de los derechos humanos en Venezuela. Durante su intervención, Bachelet subrayó que «los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios».

Según se recoge en el informe y, tras su visita al país en junio, en Venezuela se han desarrollado «un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos».

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica. Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. Les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. Tal y como se describe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, se cometieron más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. Así mismo,  las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen, obligan incluso a la alta comisionada a pedir su supresión.

La alta comisionada ha instado desde Ginebra al Gobierno de Maduro a anteponer «los derechos humanos por encima de cualquier ambición ideológica o política», asegurando que el destino de más de 30 millones de venezolanos se encuentra en manos de las autoridades. Urge así al régimen de Nicolás Maduro a adoptar «medidas específicas» para «detener y remediar las graves vulneraciones» de los derechos humanos en Venezuela. El informe advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.

«Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluyó Bachelet en el comunicado de presentación del informe.

Reacciones opuestas

El Gobierno de Nicolás Maduro no ha tardado en dar su opinión sobre este asunto. Desde el Ejecutivo, han rechazado el informe por considerar que ofrece «una visión distorsionada» de la situación en Venezuela. Ante la acusación de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, el palacio de Miraflores, la sede del Gobierno bolivariano, ha criticado que «el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Venezuela» y aprecia importantes debilidades en la metodología utilizada para su elaboración.

El Gobierno de Maduro reprocha a Bachelet que «el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de Derechos Humanos», vulnerando con ello los estándares para realizar una «evaluación objetiva e imparcial».

Por su parte, Juan Guaidó, el «presidente encargado» de Venezuela, ha secundado las conclusiones del informe. «Ese informe recoge ampliamente el sufrimiento de nuestra gente», ha indicado Guaidó a través de un audio publicado por las redes sociales; «ha confirmado todas las denuncias que hemos realizado durante años». Además, el presidente de la Asamblea Nacional ha asegurado que ha recibido llamadas de presidentes que, según Guaidó, «se han escandalizado» al leer el informe. «Agradecí sus mensajes y el compromiso de maximizar la presión internacional para enfrentar esta tragedia», ha manifestado.

Primeras actuaciones del chavismo

El régimen de Maduro ha liberado a 22 presos políticos este mismo viernes tras el informe que acusa al gobierno de vulnerar los derechos humanos . Entre los presos, se encuentran el periodista Braulio Jatar, acusado por el régimen de lavado de dinero,  y la jueza Lourdes Afiuni, encarcelada por supuesta «corrupción espiritual», según ha confirmado Bachelet a los periodistas tras su comparecencia en Ginebra. Los otros 20 presos son estudiantes, según le dijo a la agencia de noticias Reuters una vocera de la ONU, quien agregó que Bachelet solicitó directamente a Maduro la liberación de esas 22 personas. Según señaló Bachelet, «muestran un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país». Desde Ginebra, el diputado de la Asamblea Nacional y activista de Derechos Humanos Miguel Pizarro, recientemente huido de Venezuela, también celebró la liberación. 

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Michelle Bachelet insta a Maduro a anteponer «los derechos humanos por encima de cualquier ambición ideológica o política»