La Justicia obliga a Francia a pagar 500 euros al único yihadista superviviente de los atentados en la sala Bataclán
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El gobierno francés se ve obligado a indemnizar a su terrorista más peligroso por vigilancia ilegal
09 jul 2019 . Actualizado a las 11:00 h.La Justicia francesa ha obligado al Estado a indemnizar a Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París. El gobierno francés deberá pagar un total de 500 euros al yihadista por un decreto sobre las condiciones de su vigilancia en la cárcel, que carecía de base legal.
La información fue revelada este lunes por el diario Le Figaro, que se hizo eco de la noticia que ya había sido publicada previamente por la periodista Elsa Vigoureux. En su libro Le Journal de Frank Berton, sobre el que fue abogado de Abdeslam cuenta que el letrado había presentado una demanda contra las medidas dictadas en junio de 2016 por el entonces ministro de Justicia, Jean-Jacques Urvoas. En un decreto de junio de ese año, Urvoas fijó las reglas para que estuvieran controladas con vídeo-vigilancia las celdas de aquellas personas cuya «evasión o suicidio pudiera tener un impacto importante para el orden público». Ocho días después, el ministro decidió, para un periodo de tres meses renovables, que Abdeslam fuera grabado en vídeo de día y noche, una forma de garantizar que comparezca ante la Justicia el único terrorista vivo de los que participaron en el asesinato de 130 personas en París y Saint Denis.
Ante tal medida, Berton recurrió alegando que el decreto incumplía la Constitución, que considera que la vídeo-vigilancia las 24 horas del día afecta directamente a los principios de privacidad y libertad individual. En julio de 2016, su demanda fue rechazada tanto por el Tribunal Administrativo de Versalles como luego por el Consejo de Estado.
Más adelante, el Ministerio de Justicia se dio cuenta de que había un problema legal al no existir ninguna ley que sustentara dicha vigilancia. Por ello, se preparó un texto legislativo que fue adoptado el 21 de julio del 2016 y que reproducía los mismos términos del decreto. No obstante, tal procedimiento no fue suficiente para frenar al abogado, que con un nuevo recurso consiguió que el Tribunal Administrativo de Versalles anulara en marzo de 2017 la decisión ministerial e impusiera el pago de 500 euros para Abdeslam.
El presunto yihadista no se enteró hasta julio de 2018, cuando la Administración Penitenciaria pidió a Berton, que ya no era su letrado, que le comunicara sus datos bancarios. Abdeslam ha indicado que se niega a cobrar ese dinero.