La cifra de homicidios en el mundo creció por la violencia en América Latina

esperanza balaguer NUEVA YORK / E. LA VOZ

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El presidente filipino Rodrigo Duterte chequea la mirilla de un rifle de francotirador durante una ceremonia militar.
El presidente filipino Rodrigo Duterte chequea la mirilla de un rifle de francotirador durante una ceremonia militar. ROMEO RANOCO | REUTERS

La desigualdad, el crimen organizado y el machismo son las principales causas de criminalidad en la región, según la ONU

09 jul 2019 . Actualizado a las 07:24 h.

La violencia en Latinoamérica no cesa. La desigualdad, el crimen organizado y el machismo son las principales causas que la han llevado a convertirse en la zona más peligrosa del mundo. Esta es la principal conclusión del Estudio Mundial sobre Homicidios del 2019 publicado el lunes en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Oundd).

Las cifras mundiales arrojaron un total de 464.000 personas víctimas de muertes violentas en el 2017. La ONU compara la cifra de hace dos años con la de 1992 y concluye que, aunque el número de fallecidos aumentó un 17 %, se produjo un descenso de la tasa de homicidios por el aumento de la población. De los 7,2 asesinados por cada 100.000 habitantes de 1992 se pasó a 6,1 en 2017.

El crimen organizado sustituyó a las guerras como principal causa de muerte con cerca de un millón de personas asesinadas desde el 2000, el 19 % del total de los homicidios en el 2017. «En torno a 65.000 asesinatos por año estuvieron relacionados con el crimen organizado, incluidas las pandillas», explica el informe.

Este cambio de tendencia afectó de manera especial a América Latina. Dentro del continente americano, con una tasa media de 17,2 asesinatos por 100.000 habitantes, destacan los altos índices de Centroamérica (25,9), Sudamérica (24,2) y el Caribe (15,1). Muy lejos de las cifras del resto del mundo: África (13), Europa (3), Oceanía (2,8) y Asia (2,3). 

México, a la cabeza

El país más castigado fue México con un récord histórico de 30.000 homicidios en el 2017 provocados por los carteles del tráfico de droga, gasolina o migrantes. Este fenómeno comenzó en el 2007 cuando el Estado activó las operaciones contra los capos que llevaron a la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y de los líderes de los Zetas entre el 2012 y el 2018. «La disponibilidad de armas de fuego explica por qué muchos países de la región experimentan un mayor nivel de homicidios a pesar de la reducción de la pobreza y la mejora del empleo», dice la ONU.

Así, en países como El Salvador (62,1), Venezuela (56,8) u Honduras (41,7) las tasas de homicidios son mucho más altas de lo que correspondería a su desarrollo socioeconómico. Brasil es con 30,5 muertes violentas otro de los principales focos de conflicto.

La guerra antidrogas de Duterte deja 27.000 muertos por ejecuciones extrajudiciales 

Filipinas se ha convertido en un escenario macabro a causa de la guerra antinarcóticos del presidente Duterte: 27.000 asesinatos en tres años de campaña. Así lo advirtió en un informe publicado ayer Amnistía Internacional (AI), que ve posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía del país, a la que señala como culpable de matar «impunemente a los más pobres».

El informe denuncia que la Policía cuenta con «listas de personas a las que matar al margen de cualquier procedimiento legal». El director regional de AI, Nicholas Bequelin, alegó que «la guerra contra las drogas de Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala». Butch Olano, representante de la oenegé en el país, afirmó que el 78 % de los filipinos confesó tener miedo de convertirse en una víctima más de las ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional, junto con la oenegé Human Rights Watch (HRW), instaron a la ONU a abrir una investigación «independiente e imparcial» sobre posibles violaciones de derechos humanos en Filipinas. 

Prohibir el paso a la ONU

El Gobierno de Duterte respondió con contundencia a la solicitud de AI y HRW y alegó que no permitirá la entrada al país de ningún representante de la ONU y que cualquier investigación será considerada «una intromisión en los asuntos internos del país». Se prevé que los 47 miembros del Consejo de las Naciones Unidas aprueben esta investigación en los próximos días.