EE.UU. convierte el carné de conducir en una herramienta para la vigilancia

Carlos Pérez Cruz WASHINGTON / E. LA VOZ

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Yuri Gripas | Reuters

Varios estados han permitido al FBI escanear millones de fotografías mediante programas de reconocimiento facial

09 jul 2019 . Actualizado a las 07:24 h.

Una mina de oro para los agentes de inmigración y del FBI. Una investigación de la Universidad de Georgetown, en Washington DC, ha descubierto que ambas agencias gubernamentales han convertido las bases de datos de las oficinas del carné de conducir en el pilar de un colosal sistema de vigilancia. Varios estados les han permitido escanear millones de fotografías mediante programas de reconocimiento facial. Todo ello sin el consentimiento ni conocimiento de los usuarios y sin que el Congreso haya aprobado la práctica. En Estados Unidos no existe un carné de identidad como el español y muchos ciudadanos carecen de pasaporte, por lo que el de conducir puede ser en ocasiones el único documento oficial en el que figure una fotografía. De hecho, organizaciones de derechos civiles denuncian habitualmente a aquellos estados en los que exige un carné con foto para poder votar en las elecciones, lo que se interpreta como una forma de dificultar el voto de las clases más desfavorecidas, normalmente latinos y afroamericanos.

En esta ocasión, estas mismas organizaciones denuncian no solo que se viole la intimidad de los ciudadanos sino que, como han apuntado varios estudios, los programas de reconocimiento facial tienden a ser poco fiables a la hora de identificar a los afroamericanos y otras minorías, especialmente a las mujeres.

Algunos estados del país permiten que inmigrantes en situación irregular obtengan el permiso de conducir. La investigación de Georgetown ha descubierto que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) pidió acceso a la base de datos de las oficinas del carné en al menos tres estados para localizar a indocumentados. En el estado de Washington, el Parlamento aprobó dar acceso a la información siempre que el ICE cuente con una orden judicial, algo que la agencia incumplió sistemáticamente.