PP y Ciudadanos pactan en Madrid para obligar a Vox a respaldar a Ayuso

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID / LA VOZ

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La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suscribió un pacto de gobierno con el líder autonómico de Cs, Ignacio Aguado
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suscribió un pacto de gobierno con el líder autonómico de Cs, Ignacio Aguado FERNANDO VILLAR | Efe

Abascal reclama una reunión urgente a Casado y Rivera para desbloquear el acuerdo

09 jul 2019 . Actualizado a las 10:55 h.

Toda la presión sobre Vox. El PP y Cs oficializaron ayer el acuerdo mediante el que pretenden gobernar en la Comunidad de Madrid. Se trata de un Ejecutivo de coalición en el que la presidencia será para la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, y la vicepresidencia, para el de la formación naranja, Ignacio Aguado. El Consejo de Gobierno estará formado por 13 áreas, que se repartirán de la siguiente manera: siete consejerías para el PP y seis para Cs. Ayuso y Aguado también presentaron este lunes los 155 puntos que acordaron para desarrollar en los próximos cuatro años.

Por ahora este Gobierno solo es un proyecto sobre un papel. Para que acabe transformándose en una realidad necesita el apoyo de Vox en la investidura, que de momento se niega a concederlo al sentirse ninguneado. Este martes, el presidente de la Asamblea mantendrá una segunda ronda de contactos con los grupos políticos en busca de un candidato a la presidencia de la comunidad, para celebrar el pleno del miércoles con algún aspirante encargado de sacar adelante la investidura. Si a los dos meses de la primera votación sigue sin haber presidente, los madrileños se verán abocados a una repetición electoral.

Con la oficialización a bombo y platillo del acuerdo de gobierno, el PP y Cs buscan trasladar toda la presión sobre Vox, para que con el fin de evitar quedar señalado como el único culpable de esta hipotética repetición electoral, acabe prestando sus votos a Díaz Ayuso.

El gran problema en todo este enredo es la supuesta incompatibilidad entre Cs y Vox. Los primeros se niegan a que coincidan los dos logotipos en ningún documento. Oficialmente, y de cara al exterior, rechazan negociaciones con la formación de Abascal, que a su vez exige participar de forma activa en la elaboración de los programas de gobierno.

Ayuso y Aguado, en la presentación de sus 155 puntos con los que pretenden gobernar Madrid, hicieron un especial hincapié a que en los mismos se reflejan todas las exigencias de Vox. El control paternal de la educación, la inmigración y el fomento de natalidad son algunas de las materias en las que se ha prestado más atención para no desairar a sus potenciales socios. Ayuso y Aguado reclamaron a Vox, al que afearon sus constantes cambios de criterio, un ejercicio de «responsabilidad» y que abandone su «empecinamiento». 

La indignación de Monasterio

La presentación de este acuerdo programático entre el PP y Cs prescindiendo de ellos contribuyó a caldear todavía algo más los ánimos. La máxima responsable de la formación rupturista en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, mostró su indignación por el hecho de que Ayuso y Aguado no hubieran esperado para presentar el acuerdo a que ella terminase de revisar un documento que en paralelo estaba negociando con los populares. «Vergonzoso», lamentó en Twitter.

Para evitar que se repita en Madrid lo sucedido la pasada semana en Murcia, en donde fracasó la investidura del candidato popular, Abascal rompió su silencio y se mostró partidario de que sean los presidentes de los partidos los que asuman las negociaciones. El presidente de Vox apeló a la «vieja amistad» que le une con Casado y Rivera para mantener una reunión urgente a tres este miércoles. De paso, Abascal intenta trasladar parte de la presión a Rivera, que trata de evitar a toda costa la foto con Vox. Casado ya se mostró abierto a acudir a la cita, a la que no irá el líder de Ciudadanos.

El Eurogrupo, pendiente de la incertidumbre política que vive España 

cristina porteiro

No hay preocupación, pero sí algo de inquietud en Bruselas por cómo se están dilatando los plazos para formar gobierno en España. Mientras el presidente Pedro Sánchez sigue buscando una fórmula que le permita formar un Ejecutivo en solitario, sin la incómoda muleta de Podemos, las autoridades europeas continúan tachando en el calendario los días con la esperanza de que las negociaciones en Madrid no desemboquen en nuevas elecciones y con el ansia de no traspasar la barrera psicológica del mes de octubre, cuando los presupuestos del año que vienen tienen que pasar la ITV de la Comisión Europea.

Por el momento, los riesgos para la estabilidad del país son «bajos». Eso constató este lunes el Eurogrupo al pasar revista al último informe posprograma de rescate bancario español. Los ministros de Economía y Finanzas del euro mantienen la lupa puesta sobre España, pero admiten que «los mercados financieros y la estabilidad financiera han seguido estables, a pesar de algunas incertidumbres en el entorno político doméstico e internacional».

Esas dudas asoman por el flanco de la ingobernabilidad o falta de acuerdo para sacar adelante propuestas vitales para la salud del país, como los presupuestos generales del Estado para el 2020. España mantiene prorrogadas las cuentas que dejó en herencia el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, unos números insuficientes para echar a rodar reformas ambiciosas en materia fiscal, de lucha contra la crisis climática, transición energética o mejora en la eficiencia de los sistemas públicos de búsqueda de empleo. 

Deuda pública

Bruselas apremia a Sánchez. No quiere que siga perdiendo tiempo, aunque eso signifique pactar con partidos más a la izquierda de lo que está acostumbrada. La Comisión Europea no está para elegir. España es uno de los pocos reductos donde el europeísmo no se ha desgastado ante la irrupción de fuerzas ultranacionalistas y eurófobas. Así que la institución se conforma con que el futuro Ejecutivo español, sea del color que sea, se ciña a las reglas de juego. El equipo de Sánchez está comprometido con ello, pero advierte de que, en el flanco económico, «la reducción de la deuda pública debe ser compatible con la senda de crecimiento para resolver problemas sociales y de desigualdad».