De los 130.000 detenidos en el 2016, todavía permanecen en prisión preventiva más de 50.000
16 jul 2019 . Actualizado a las 09:01 h.Turquía conmemoró ayer el tercer aniversario del fallido golpe de Estado que tuvo lugar en la noche del 15 al 16 de julio del 2016 y durante el que murieron 251 personas en enfrentamientos entre civiles y militares golpistas.
El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, lideró algunos de los actos conmemorativos que se celebraron en un día declarado festivo para recordar los acontecimientos de entonces, según recoge Efe.
El islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde el 2002, ha organizado este año diversas ceremonias en las 81 provincias turcas. Además, en Ankara y Estambul se inauguraron sendos museos sobre la asonada.
Por otro lado, la cadena pública TRT emitió un documental sobre la red de seguidores del clérigo islamista Fethullah Gülen, a la que el Gobierno responsabiliza del intento de golpe.
La cofradía gülenista fue situando durante décadas, con la complicidad del Gobierno del AKP, a sus adeptos en altos cargos de la Administración pública, la Policía, la Judicatura y las Fuerzas Armadas de Turquía.
Gülen, exiliado en Estados Unidos desde hace años, fue un fiel aliado del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna en Turquía desde el 2002, hasta que ambos se enfrentaron en una dura lucha por el poder a partir del otoño del 2013.
Tras la asonada, Ankara calificó a su cofradía de «organización terrorista» y lanzó una purga que llevó a unas 150.000 personas a ser suspendidas de sus cargos como funcionarios públicos y a la detención de otras 130.000. De ellas, unas 50.000 permanecen todavía en prisión preventiva, y otras 3.500 han sido condenadas a penas de cárcel, de las cuales 2.000 son sentencias de cadena perpetua.
A día de hoy aún continúan los procesos judiciales contra militares acusados de golpismo.
El pasado 20 de junio, unos 151 militares fueron condenados a cadena perpetua en uno de los macrojuicios por el golpe.
Dentro y fuera de Turquía se ha criticado al Gobierno por la dura reacción, que incluyó la imposición del estado de excepción durante dos años en los que se limitaron los derechos de los detenidos, entre ellos numerosos periodistas.
Ataques a la libertad de prensa
Los defensores de los derechos humanos han acusado al AKP de Erdogan de aprovechar la situación para limitar la libertad de prensa y acallar las voces críticas con el Gobierno.
Fue durante este período que Erdogan logró un ajustado sí de la población, expresado en un referendo, para aprobar una reforma constitucional en virtud de la cual se impuso un sistema presidencial, en sustitución del legislativo anterior, lo que le permitió concentrar todo el poder ejecutivo en sus manos, ya que ahora es tanto jefe de Estado como de Gobierno.
Por otro lado, en estos últimos tres años se ha producido un claro deterioro de la relaciones de Ankara con Estados Unidos y la Unión Europea. Uno de los disensos es la negativa de algunos países a acceder a las solicitudes de extradición de personas acusadas por Turquía de golpismo, por estar vinculadas a la red de Gülen. Entre ellas está el propio predicador, al que Washington se ha negado hasta ahora a entregar a la Justicia turca.