Condenado el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía a devolver casi cuatro millones de euros por una ayuda concedida en el marco de los ERE
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Se acusa a la mercantil A Novo Comlink y a Francisco Guerrero de instar a un ERE por causas económicas, productivas y organizativas
25 jul 2019 . Actualizado a las 08:21 h.El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en su condición de responsable directo, de devolver la cantidad de 3,8 millones de euros por una ayuda concedida en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a la empresa A Novo Comlink, quien también reintegrará una parte al ser considerado, de igual manera, responsable contable.
En la sentencia, la magistrada ponente Margarita Mariscal de Gante señala que Guerrero y A Novo Comlink son responsables del abono de 3.800.000 euros por el menoscabo generado por una ayuda destinada a la financiación de retribuciones a trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo que planeaba acordar por la referida entidad.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas, tras admitir la demanda de la Junta de Andalucía a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, considera probado que en mayo de 2005 la mercantil A Novo Comlink instó un ERE por causas económicas, productivas y organizativas con el fin de extinguir un total de 190 contratos de trabajo y, tras un proceso de negociaciones entre la empresa y la representación de los trabajadores, en julio de ese año se firmó un acuerdo entre la referida sociedad mercantil, la Junta y la representación de los trabajadores de la empresa. En ese acuerdo, se preveía la retirada del ERE y que por parte de la empresa, ésta vendiera sus activos en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) destinando el importe de la venta a reducir deuda y a los costes inherentes al traslado a una nueva ubicación, que transformase en indefinidos la totalidad de los contratos temporales que tenía vigentes en ese momento (94) y crear otros 88 nuevos, que mantuviera al personal contratado en las condiciones consensuadas con la representación de los trabajadores.
Así, se abonó a una cuenta bancaria cuyo titular es A Novo Comlink un millón de euros, el 31 de agosto se pagó otro millón de euros y, finalmente, el 19 de septiembre la Agencia IDEA pagó 1,8 millones de euros, agrega el fallo del Tribunal de Cuentas.
Entre esas ayudas se encuentra el expediente que se refiere a la concesión de subvenciones a A Novo Comlink, el cual, junto al resto de ayudas sociolaborales de los ERE, se ha producido «un uso inadecuado» de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo.
En este aspecto, tal y como ha adelantado el 'Diario de Sevilla', el tribunal entiende que la ayuda concedida a A Novo Comlink, adolece de justificación real puesto que «se trataron de cantidades otorgadas a los trabajadores a tanto alzado, sin constancia de que el pago a los mismos hubiera tenido lugar y sin que en el expediente se contenga ningún estudio que justifique el tratamiento idéntico dado a los trabajadores, ni justificación del empleo de dicho importe».
Por ello, el Tribunal de Cuentas considera tanto a la mercantil A Novo Comlink, en su condición de beneficiaria de las ayudas, como a Guerrero, como «responsables solidarios del alcance» puesto que en el expediente administrativo de la subvención existen «irregularidades atribuibles» tanto al órgano concedente como al beneficiario que impiden que el acto de la concesión «pueda cumplir los fines propios de las subvenciones».
Alegaciones de la defensa
En el proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas, A Novo Comlink alegó que su responsabilidad contable había prescrito, mientras que el que fuera director general de Trabajo adujo que se había vulnerado su derecho a la defensa derivada de «la falta de exposición clara y ordenada de los hechos en los que se fundamenta la demanda» así como que su responsabilidad contable había prescrito,tras un plazo de cinco años, toda vez que alega que la fiscalización de esa ayuda fue posterior y que cesó de su cargo en 2008.
Con todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que las ayudas a que se refiere la demanda «carecen por completo» de justificación, «no solamente porque se concedieron y se pagaron sin cobertura legal alguna y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente previsto», sino también porque «resulta imposible determinar cuál fue la finalidad y el destino de las mismas», por lo que señala la existencia de un menoscabo de 3,8 millones de euros de los que tendrán que responder de manera solidaria tanto Guerrero como A Novo Comlink.