La Junta Electoral multa a Torra con 2.500 euros por la carta a los funcionarios catalanes

La Voz REDACCIÓN

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OSCAR DEL POZO | AFP

En la misiva el presidente de la Generalitat hacía referencias al «nefasto 155» y a los políticos que están «en el exilio o en prisión». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza cerrar provisionalmente las «embajadas catalanas»

29 jul 2019 . Actualizado a las 19:57 h.

La Junta Electoral Central (JEC) ha impuesto una multa de 2.500 euros al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por enviar una carta a los funcionarios catalanes en la que hacía referencias al «nefasto 155» y a los políticos que están «en el exilio o en prisión».

La resolución de la JEC se produce después de una denuncia de Cs por esta carta en la que Torra felicitaba la Diada de Sant Jordi a los funcionarios de la administración y les agradecía que hubieran aguantado el «timón de la nave» en momentos de dificultades.

A juicio de la Junta Electoral, Torra, además de vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con esta misiva, se aprovechó de la situación de «superioridad derivada del cargo administrativo que ostenta», informa Efe.

«Embajadas catalanas»

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado paralizar provisionalmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania, Suiza y Reino Unido, como le pidió el Gobierno, a la espera de resolver si las cierra.

En un auto, la sección quinta de la sala contenciosa del TSJC desestima la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para que ordenara el cierre cautelar de las delegaciones en el extranjero, al concluir que la solicitud es «extemporánea» porque no fue planteada en la fase procesal que correspondía.

A través de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a principios de mes al TSJC que paralizara la actividad de las delegaciones en el extranjero, al entender que están realizando «con singular intensidad» labores en favor de los objetivos del proceso secesionista de Cataluña, declarado inconstitucional.El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia la posibilidad de recurrir la reciente decisión del TSJC