Hablará sus potenciales socios para intentar una investidura en la que Unidas Podemos y ERC son clave
18 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Comienza el mes decisivo para Pedro Sánchez, algo más de 30 días en los que deberá emplearse a fondo para convencer a otras fuerzas políticas, aparte del PRC de Miguel Ángel Revilla, y sacar adelante su investidura. El líder socialista tiene previsto iniciar a partir de esta semana las reuniones con las formaciones que han mostrado, con mayor o menor entusiasmo, su disposición a allanarle el camino a la Moncloa. Sánchez necesita 176 votos en primera votación o más síes que noes en la segunda. Si no lo consigue, el 23 de septiembre se convocarán unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre.
PNV
Seis diputados
Los nacionalistas vascos serán, a priori, los primeros en recibir la visita del presidente del Gobierno. Sánchez, si no hay cambio de planes, tiene previsto viajar esta semana a Bilbao para entrevistarse en la sede del PNV con su presidente, Andoni Ortuzar. Sus seis diputados ya se abstuvieron en la investidura fallida de finales de julio y su portavoz, Aitor Esteban, dejó abierta la puerta para pasarse al sí, siempre y cuando el PSOE logre cerrar un pacto con Unidas Podemos, indispensable para que haya Ejecutivo. En el capítulo de exigencias, los nacionalistas reclaman la transferencia de las competencias previstas en el Estatuto de Gernika, inversión en infraestructuras y acelerar las obras del tren de alta velocidad hacia el País Vasco. Los votos del PNV no le son indispensables a Sánchez, pero sin duda tratará de cerrarlos para mantener con los nacionalistas vascos un acuerdo que se prolongue durante la legislatura. Son, además, unos excelentes interlocutores con el independentismo.
Esquerra
Quince diputados (uno suspendido)
Es, junto a Podemos, quien tiene en su mano la clave de la investidura. Al PSOE le bastaría con pactar solo con estas dos fuerzas. Los republicanos tiraron en julio de pragmatismo y se abstuvieron en la investidura, a pesar del alto coste que les supuso. Su portavoz, Gabriel Rufián, se ha convertido desde entonces en un traidor para el ala más radical del independentismo. Pero ERC sostiene que mejor Sánchez en la Moncloa que una coalición de centro derecha que se ha comprometido a aplicar un nuevo 155 al minuto siguiente de tocar poder. El problema es que septiembre no es julio. La investidura podría solaparse con la Diada, la gran fiesta del soberanismo. A ello se suma la proximidad de la sentencia del ‘procés’. Si Esquerra no se abstiene de nuevo, muy difícilmente habrá Gobierno. El PSOE conversará estas semanas con los republicanos, unos contactos que confirmó Sánchez pero que dejará en manos de su número dos, Adriana Lastra, para evitar la foto con el secesionismo.
Junts per catalunya
Siete parlamentarios (uno suspendido)
La formación de Carles Puigdemont ya votó en contra en julio -junto a PP, Ciudadanos o Vox- y nada hace pensar que vaya a cambiar de parecer de aquí al 23 de septiembre. La coalición independentista juega a lo fácil y prefiere dejar a Esquerra el papel de cómplice con Madrid. La portavoz parlamentaria, Laura Borràs, exige a Sánchez un diálogo de tú a tú, es decir, con la foto de por medio que el presidente del Gobierno quiere evitar, a pesar de que el pasado 9 de agosto el líder socialista se refirió a Esquerra y JxCat como «formaciones nacionalistas», que no independentistas. La reclamación de Puigdemont y Quim Torra a Sánchez sigue siendo la celebración de un referéndum pactado de autodeterminación, algo que los socialistas aseguran que no permitirán jamás.
EH Bildu
Cuatro actas
El PSOE no entablará contactos con los abertzales, aunque ello no impedirá que desde PP y Ciudadanos se le acuse de pactar la investidura con los «herederos de ETA». En todo caso, Arnaldo Otegi ya ha adelantado que sus cuatro diputados no impedirán un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. En la investidura fallida EH Bildu ya se abstuvo.
Compromís
Un escaño
La izquierda nacionalista valenciana solo tiene un escaño en la Cámara baja, pero su capacidad de interlocución con otras fuerzas, sobre todo con Unidas Podemos, la convierte en un aliado clave para los socialistas. La ciudad del Turia fue el primer destino de Sánchez en esta ronda de negociaciones, adonde viajó para entrevistarse con el diputado Joan Baldoví y la vicepresidenta de la Comunidad, Mónica Oltra. Compromís exige una nueva financiación autonómica.
PRC
Un diputado
Fue la única formación que votó a favor del líder del PSOE en julio y desde entonces Miguel Ángel Revilla parece más ‘sanchista’ que el propio Sánchez. El presidente de Cantabria, que cerró su acuerdo con los socialistas en una rápida reunión a cambio de acometer obras de infraestructuras pendientes y abonar pagos atrasados, ha censurado duramente a Pablo Iglesias por no aceptar la oferta del PSOE en la investidura fallida. «Podemos -argumenta- no ha tocado poder ni siquiera en una junta vecinal y de repente le ofrecen una vicepresidencia y tres ministerios».
Unidas Podemos
Cuarenta y dos escaños
Es la clave de bóveda. Sin Pablo Iglesias y los suyos nada de lo que pacte el PSOE con el resto de fuerzas tendrá el más mínimo valor porque se irá a unas nuevas elecciones sí o sí. El problema es que las posiciones entre las dos formaciones de izquierda no se han movido un milímetro desde el pasado 25 de julio. Los socialistas solo contemplan un acuerdo programático mientras los podemistas, que esperan impacientes la llamada de Sánchez, insisten en un Ejecutivo de coalición en el que controlen competencias de peso. Lo único que se ha movido en el último mes es la disposición de IU y la corriente Anticapitalista a permitir la investidura a cambio de un acuerdo con medidas claramente progresistas, sin necesidad de hacerse cargo de ningún ministerio. Justo lo que pretende el PSOE.
Seis meses sin control parlamentario al Gobierno
«Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento». Esta fue la frase redonda con la que el presidente Pedro Sánchez se estrenó en su primera sesión de control el 20 de junio de 2018 una vez desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa. Desde ese día el jefe del Ejecutivo acudió fiel a su cita semanal con el Congreso hasta el pasado 27 de febrero, tras convocar el adelanto electoral. Han pasado seis meses desde entonces y en la Cámara Baja no ha habido más preguntas o plenos de vigilancia.
La oposición acusa al PSOE, que en 2016 exigió al Ejecutivo del PP que siguiera dando la cara, de proteger ahora a su líder para que no acuda a debatir con los diputados. El Tribunal Constitucional avaló que un Gobierno en funciones puede ser controlado por el Parlamento, pero Sánchez no está por la labor. A finales de julio, la Diputación Permanente rechazó su comparecencia, así como la de los ministros en funciones Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska. PP y Ciudadanos solicitaron las explicaciones del líder socialista por mantener en el cargo al titular de Interior después de las declaraciones que realizó sobre los liberales el Día del Orgullo, antes del boicot que sufrieron los representantes de este partido en la manifestación en Madrid.
Cuentas sobre Europa
Las dos formaciones de centro derecha también han pedido que Sánchez rinda cuentas sobre los acuerdos que derivaron, a primeros de julio, en la renovación de las más altas autoridades europeas. La ley obliga al Gobierno a debatir con los grupos de la oposición tras su participación en cada Consejo Europeo, pero la Moncloa sigue sin poner fecha para el cumplimiento de esta obligación. Estando en funciones Rajoy sí solicitó su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar del Consejo Europeo que se celebró los días 17 y 18 de marzo del 2016.
La presencia del entonces presidente en el hemiciclo había sido reclamada por todos los grupos de la oposición, que estaban dispuestos a forzar el debate en sesión plenaria. Al final, el Gobierno del PP decidió rectificar. La presidenta de la Cámara Baja, Mertitxell Batet, subrayó antes de que el Congreso echase la persiana por vacaciones que el Gobierno comparecerá «cuando lo estime oportuno», insistiendo en que es consciente de sus obligaciones. Ante las críticas de la oposición, la socialista se esforzó en diferenciar la actual situación de la vivida hace tres años, dado que la Mesa de la Cámara ha visto ya cerca de 600 cuestiones y ha calificado unas 400 que el Ejecutivo debe responder antes de que finalice el mes de septiembre.
La parálisis
Pero las explicaciones de la presidenta de la Cámara siguen sin convencer a los partidos, que urgen a la Moncloa a poner día y hora a la comparecencia del jefe del Ejecutivo. Ciudadanos presentó el pasado mes un escrito dirigido a la Mesa en el que solicitó a Batet que recuerde a Sánchez «formalmente» la obligación de comparecer ante el pleno y dejar de evadir el control parlamentario. El PP y Unidas Podemos coinciden con la formación liberal en denunciar que el PSOE está sometiendo a la Cámara a una parálisis que, a su juicio, solo responde al interés partidista del presidente. Prueba de ello, arguyen, es la tardanza de Batet para constituir la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por los poderes del Parlamento en las etapas en las que las Cortes están disueltas o en los periodos inhábiles, es decir, durante los meses de enero, julio y agosto.
Según establece el reglamento del Congreso, la Diputación debe formarse dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva de la Cámara, celebrada el 21 de mayo. Pero no se ha puesto en marcha hasta el 23 de julio, tras la primera votación de investidura.