La fallida huelga de transportistas impulsa a Costa a dos meses de las elecciones en Portugal

La huelga de transportistas de Portugal, desconvocada tras seis días de escaso impacto, deja como inesperado ganador al primer ministro del país, el socialista António Costa, que a dos meses de las elecciones presume de la autoridad exhibida ante un conflicto laboral que, afean sus críticos, exageró él mismo.

El paro, que se anunció como indefinido pero acabó en seis días al quedarse aislado el sindicato convocante y no impactar en la rutina ciudadana, tiene más secuelas políticas que económicas. La principal de ellas es el aumento de la popularidad de Costa, que en una semana ha pasado de intentar recuperarse de un nuevo escándalo sobre corruptelas de su partido en el combate a los incendios ?siempre el tema de los veranos en Portugal? a ser visto como un hombre con «mano dura» en defensa de la ciudadanía.

«En un régimen democrático no hay derechos absolutos. Todos los derechos acaban donde comienzan los derechos de los demás. Al Gobierno le corresponde garantizar los derechos de los portugueses», avisaba Costa dos días antes de la huelga.

El paro era una reedición de la protesta que los transportistas protagonizaron en abril. Entonces hubo gasolineras secas y aviones repostando en España; el Ejecutivo, sumido en críticas por imprevisión, decidió que esta vez pondría la venda antes de que hubiese herida. Y lo hizo con unos elevados servicios mínimos muy contestados por sindicatos y por la izquierda, que argumentaban que en la práctica reducían la huelga.

«Sobredosis mediática», dijeron comentaristas; «Dramatismo» y «circo con fines electorales», lamentó el líder del primer partido de la oposición, el PSD (centroderecha), Rui Rio, quien ha afeado la escalada protagonizada por Costa.

Y es que el Gobierno intervino legalmente la huelga diez horas después de su inicio argumentando incumplimiento de los servicios mínimos e invocando el «interés nacional».

Era la tercera vez en la legislatura que recurría a esa intervención legal, que implica incluso obligar a huelguistas a trabajar bajo penas de prisión si se niegan.

Pero pese a lo controvertido de la medida, sobre todo aplicada por un Gobierno de centroizquierda, fue mayoritariamente apoyada por la animadversión ciudadana hacia el paro, de la que advirtió el propio presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

«Si de repente hay en la sociedad portuguesa un sentimiento de que una parte importante de la sociedad es rehén de ese lucha [de los transportistas], dejan de identificarse con esa lucha», apuntó el jefe del Estado.

Con la intervención, los ciudadanos acabaron por no notar la huelga, que se debilitó hasta que fue desconvocada el domingo. Costa deseó entonces «éxito para el diálogo» entre sindicatos y patronal. Lo que sumió al país en un estado de «crisis energética» el lunes 12 desaparecía en apenas una semana.

Y por ello, aunque no faltan las críticas al Ejecutivo por considerar que se «pegó a la patronal», en palabras de Rio, la sensación general es que el primer ministro demostró seguridad y autoridad.

Mano dura

«Mano dura» ha sido una de las expresiones más utilizadas por la prensa portuguesa para referirse a la acción de Costa, que en la cresta de la ola ha aprovechado para avanzar con modificaciones a las leyes laborales: a partir de ahora baja de tres a dos años el límite para convertir en indefinido un contrato temporal.

Son guiños a los trabajadores con los que el líder socialista espera escalar más en intención de voto antes de las elecciones legislativas de octubre, para las que los sondeos le dan como ganador, aunque sin mayoría.

Debería por tanto volver a pactar, como hizo en el 2015 para llegar al poder gracias a un acuerdo histórico con el marxista Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués. Nació entonces la llamada geringonça (chapuza, en portugués), de la que ahora _para nadie es un secreto en Portugal_­ quiere librarse Costa. 

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