Reducen a dos el número de armas de fuego que una persona puede tener en Costa Rica

La reforma de la Ley de Armas por el Congreso permitirá que las autoridades revoquen el permiso a las personas que comentan delitos sexuales


REDACCIÓN

El Congreso de Costa Rica aprobó este martes una reforma legal que reduce de tres a dos la cantidad de armas de fuego que una persona puede poseer y establece otra serie de controles administrativos sobre la tenencia de armamento.La ley fue aprobada con 43 votos a favor y tres en contra, con 46 diputados presentes de los 57 que integran el Legislativo costarricense.

«Consecuentes con nuestra tradición de paz, el Congreso aprobó en segundo debate el proyecto de ley que aumenta requisitos y controles y limita la cantidad máxima de armas por persona. Agradezco este avance, el cual permitirá mayor control sobre la tenencia de armas en Costa Rica», declaró el presidente del país, Carlos Alvarado. El oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda) promovía una reducción mayor, a solo un arma de fuego por persona, pero no encontró el apoyo suficiente, así como tampoco lo tuvieron propuestas de otros partidos que querían mantener el número en tres, como estipulaba la Ley de Armas y Explosivos antes vigente.

La reforma a la Ley de Armas también incorpora, entre otros aspectos, un artículo que permitirá a las autoridades revocar los permisos de tenencia de armas a personas que cometan delitos sexuales, de crimen organizado, narcotráfico o contra la libertad. Hace unos meses el Congreso también aprobó otra reforma a la misma ley en la que se establece que la persona que porte un arma de fuego sin contar con el permiso podría ir a prisión entre 2 y 4 años. La pena anterior era de entre seis meses y tres años. En caso de que una persona porte un arma sin inscribir el castigo será de entre 3 y 5 años de cárcel, mientras que anteriormente era de tres meses.

El otro cambio legislativo aprobado se refiere a la tenencia de algún arma que esté totalmente prohibida en el país, como es el caso de las automáticas, ya que el castigo subió a cuatro años de prisión, dos más que antes.

El Gobierno costarricense sostiene que aplicar más controles es la vía para reducir los homicidios, mientras que otros sectores políticos y organizaciones que promueven la defensa personal armada consideran que la solución es atacar el mercado ilegal y el tráfico ilícito. Datos del Ministerio de Seguridad de Costa Rica indican que el 68 % de los homicidios registrados en 2018 en este país centroamericano fueron cometidos con armas de fuego y que el mercado negro es alimentado en una parte importante por el mercado lícito. El año pasado los cuerpos policiales costarricenses decomisaron 2.318 armas de fuego, un 13 % más que en 2017.

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