El PSOE protege a Montero y evita que explique la asfixia a las comunidades
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El Gobierno admite ahora que no dispone del informe que autorizaría los pagos
27 ago 2019 . Actualizado a las 20:58 h.Son alrededor de 4.700 millones de euros lo que el Estado adeuda a las comunidades por no actualizar las entregas a cuenta, el dinero que reciben de la cesta de tributos para sufragar servicios públicos transferidos, como la sanidad o la educación. Es un agujero considerable que se está convirtiendo en un rompecabezas para los gobiernos autonómicos, abocados a endeudarse para afrontar sus compromisos, o directamente aplicar nuevos recortes por ese incumplimiento del Estado. Solo en el caso de Galicia suponen 330 millones, que junto a otras deudas del Estado alcanzan los 700 millones.
El asunto lo llevó ayer el PP al Senado aprovechando la reunión de la diputación permanente en pleno estío, donde solicitó una comparecencia especial de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los consejeros de Hacienda de las comunidades para intentar buscar una solución que apremia. Pero ahí se quedó: el PSOE utilizó su mayoría en la Cámara Alta para bloquear esta vía, arguyendo que no puede dar un debate «serio» sobre este asunto con un Gobierno en funciones.
En el Ministerio de Hacienda llevan un mes argumentando que un informe de la Abogacía del Estado le impide hacer esos pagos estando sin investir Pedro Sánchez. Un texto legal que se ha convertido en el mantra de la Moncloa para bloquear esos pagos, y un arma para presionar incluso al PP -a través de sus gobiernos regionales, como el gallego- para que se abstenga en la investidura. Pero es un argumento que ayer empezó a flaquear. Fue en la diputación permanente del Congreso, donde se trató de forma colateral este asunto.
El PP trasladó su interés en conocer el contenido de ese informe elaborado por la Abogacía del Estado, documento clave porque, según el Gobierno, permitiría actualizar los pagos a cuenta a las comunidades aunque no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, pero con previo paso por la investidura. Así lo había expresado la ministra: «Lo que no hemos podido superar es el doble salto con tirabuzón de hacerlo con un Gobierno en funciones».
Sin embargo, el Gobierno aclaró este martes que todavía no existe, aunque el Ministerio de Hacienda está a la espera de recibir en breve un escrito en este sentido, informa Europa Press. Así pues, no se conocen los argumentos legales expuestos para impedir eso.
Esta aclaración le valió al PP para reclamar la dimisión de la ministra Montero, pues entienden que mintió al aludir a la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que no es tal.
El popular Javier Maroto, portavoz en el Senado, puso de relieve que las comunidades autónomas, independientemente de su color político, están «ante la amenaza de recortes millonarios» al no actualizarse las entregas a cuentas. En el caso de los territorios que tienen presupuestos aprobados, como Galicia, el quebranto es significativo, porque los fondos que retiene el Estado están en realidad consignados en los presupuestos de este año.
Maroto defendió que, a diferencia de lo que mantiene el Ministerio de Hacienda, «sí existen las herramientas jurídicas para hacer los pagos a cuenta y las liquidaciones aunque esté en funciones», y recordó que el Gobierno tomó decisiones y aprobó reales decreto que implican compromisos extraordinarios de gasto. Esta argumentación fue compartida en parte por otros grupos políticos, como Ciudadanos y, curiosamente, también la Izquierda Confederal y Grupo Mixto, que apoyaron la petición de comparecencia del PP, mientras que los nacionalistas catalanes, vascos y canarios optaron por la abstención.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, advirtió que dicha comparecencia «carece de sentido y de oportunidad» al no disponer el Gobierno en funciones «de capacidad para llegar a acuerdos normativos» que puedan resolver la situación.
El pulso de las comunidades con el Estado por las transferencia de los fondos se mantiene, por tanto, en el mismo punto, aunque con la diferencia de que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó este martes interponer el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central por no actualizar los pagos que le corresponden de su participación en los tributos del Estado. Galicia no ha descartado seguir esa misma senda.
La factura total que reclaman las comunidades alcanza los 6.600 millones
Los 4.700 millones que reclaman las comunidades al Gobierno (exigencia que, con mayor o menor vehemencia, están haciendo todas, incluidas las dirigidas por el PSOE) es el grueso de un conjunto de deudas que alcanzan en total los 6.600 millones de euros, según se desprende de las manifestaciones públicas que han ido realizando este agosto diferentes cargos autonómicos. Galicia es la tercera en ese ráking. El último en poner cifras a su problema ha sido Castilla y León, que ha demandado en una carta 440 millones de euros entre las entregas a cuenta y otros fondos; principalmente compensaciones por el cumplimiento del déficit, o más relevante, una mensualidad del IVA del 2017. Esto último son cantidades con los que contaban ya las comunidades el ejercicio pasado, y que se han ido arrastrando desde entonces. En Galicia son 200 millones, que sumados a las entregas y a otras compensaciones alcanzan los 700 millones de euros. Sobre un presupuesto anual de 9.000, un palo considerable.
Servicios esenciales
¿Y qué sucederá si no llega ese dinero en los próximos meses? Solo hay dos vías posibles para evitar el colapso de las administraciones autonómicas: o reducción de gasto en el último tercio del año, o endeudamiento mayor para poder cumplir con los compromisos adquiridos; pero, a la vez, se podría incumplir el déficit.
La Xunta no ha aclarado aún por qué vía tendrá que optar. Lo cierto es que tiene margen para endeudarse o, por ejemplo, retrasar pagos a proveedores. Lo que Facenda recuerda es que teniendo unos gastos fijos comprometidos (empezando por el pago de 90.000 nóminas), si no dispone de ese dinero que le corresponde se verán comprometidos servicios públicos esenciales.
