Otro gran secreto de Estado de nombre interrumpibilidad

Se cuentan con los dedos de una mano los datos de ese servicio pagado por los consumidores

Alcoa, en la foto su fábrica de aluminio primario de San Cibrao, es una de las grandes prestatarias del servicio de interrumpibilidad
Alcoa, en la foto su fábrica de aluminio primario de San Cibrao, es una de las grandes prestatarias del servicio de interrumpibilidad

redacción / la voz

Hay un gran secreto de Estado en este país, junto al nombre de los espías que trabajan para el CNI, que es el de las empresas que se han repartido solo entre el 2013 y el 2019 la friolera de 3.280 millones, que han salido del bolsillo de los consumidores de electricidad, que vienen siendo todos los españoles. Ese es el dinero público adjudicado a las compañías que prestan el conocido como servicio de interrumpibilidad. Las beneficiarias disponen de industrias con un elevado consumo de energía y se prestan a reducirlo por necesidades del sistema eléctrico. Es decir, cobran por estar disponibles para Red Eléctrica de España. Cada vez que se conceden los fondos, de momento, vía subastas, en las que nadie sabe lo que realmente ocurre, el operador solo publica el número de compañías, los productos subastados y el importe de adjudicación. A partir de estos dos últimos datos se obtiene el presupuesto final empleado. Nada más. Los nombres de las empresas se consideran alto secreto y, más aún, el dinero que se lleva cada una. Los datos que trascienden, como que Alcoa es la que se come el mejor trozo del pastel, y que solo del 2016 al 2018 se embolsó 360 millones, suelen salir de las propias compañías, aunque tampoco es habitual.

Pero ¿por qué la interrumpibilidad es alto secreto? Básicamente porque está en juego la seguridad del suministro eléctrico. Y es sagrada.

Es lo que le viene a contestar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a un solicitante (que el regulador siquiera identifica) de información sobre las subastas. El ínclito -cuya respuesta a su petición sí ha publicado Competencia- pretendía saber la identidad de los adjudicatarias del servicio, las industrias que lo prestan y la valoración efectuada por la CNMC acerca de si cada una de las subastas se realizó de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria. El peticionario se amparaba en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Respuesta, cero información adicional a la que ya se hace pública. Porque «el conocimiento de los datos en los que se basan las necesidades del servicio de interrumpibilidad podría permitir conocer las circunstancias en las que dicho servicio debe ser prestado; información que, en el contexto geopolítico actual, podría facilitar la realización de actos específicamente dirigidos a alterar la prestación del servicio de energía eléctrica, con el consiguiente perjuicio para la totalidad de consumidores que de él podrían derivarse», resolvió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la CNMC.

Además, ponerle nombre a la asignación podría afectar a los «intereses económicos y comerciales de los sujetos mencionados, revelando las estrategias empresariales de los competidores en las subastas».

La gran industria dispone este año de un 40 % menos de incentivos eléctricos

f. f.

Alcoa avisa: «Si no se adoptan medidas urgentes, la producción de aluminio primario en España es inviable»

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de adjudicar 95 millones de euros en incentivos eléctricos para el segundo semestre del año entre 123 grandes consumidores de energía, según datos oficiales facilitados por Red Eléctrica de España (REE), organizadora de la subasta de interrumpibilidad. A cambio de ese apoyo económico para reducir su factura de la luz, los beneficiarios prestan un servicio al sistema: el de reducir consumo, bien para garantizar el suministro, bien para enfriar los precios de mercado.

El reparto del dinero por empresas es alto secreto, pero entre los participantes están Alcoa, que esta vez solo pujó por la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo). La multinacional avisó hace meses de que esa planta estaba en peligro porque los incentivos no eran ya suficientes. Fuentes de la compañía informaron este jueves de que «la subasta ha proporcionado [...] servicios de interrumpibilidad de un valor inferior a los obtenidos en la anterior, que ya había sido significativamente inferior a lo obtenido en las subastas anteriores». Añadieron que «la sucesiva importante reducción en el valor de estos servicios daña cada vez más la competitividad en costes de electricidad que necesita la industria de aluminio primario y de la que carece España en la actualidad. Si no se adoptan medidas urgentes que reviertan la situación, la producción de aluminio primario en España es inviable. Esperamos que el Gobierno ponga pronto en marcha las medidas anunciadas para que la industria cuente con costes de energía competitivos».

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