El Supremo del Reino Unido examina las alegaciones sobre el cierre del Parlamento
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El Gobierno de Boris Johnson acatará un fallo que considere «ilegal» su decisión, pero se niega a aclarar si contempla una nueva suspensión
18 sep 2019 . Actualizado a las 16:01 h.¿La decisión del Gobierno británico de solicitarle a Isabel II que suspendiera las sesiones del Parlamento durante cinco semanas fue legal? Esta es la única pregunta que responderá el Tribunal Supremo del Reino Unido, el cual advirtió que no se pronunciará en relación a «cuándo ni cómo el país dejará la UE». La aclaración la hizo ayer la presidenta de la alta instancia judicial, la magistrada Brenda Hale, al inicio del juicio para dilucidar sobre la legalidad de la decisión tomada por Boris Johnson. Durante tres días los once jueces del Supremo examinaran los veredictos emitidos por un tribunal inglés y un escocés, que fallaron a favor y en contra del Ejecutivo, respectivamente.
En el arranque del proceso, David Pannick, abogado de la empresaria antibrexit Gina Miller, quien presentó la demanda que desestimo el Tribunal Superior de Londres, acusó al premier de «silenciar al Parlamento» con el propósito de impedirle «socavar» su política frente a Bruselas. «En al menos los últimos 50 años ningún primer ministro había abusado de esa forma de su poder», declaró. El abogado pidió a los magistrados anularla y fijar límites a las potestades del Gobierno en esta materia, pues de lo contrario abrirían las puertas a que otro jefe del Ejecutivo decidiera interrumpir las actividades legislativas por seis meses o un año.
En contraposición, el abogado del Gobierno, lord Richard Keen, sostuvo que la medida era legal y recordó a los jueces que no había norma en la legislación británica que permitiera recurrirla.
El jueves, último día del juicio, está previsto que acuda el expremier conservador John Major, quien se sumó a la querella de Miller, a ofrecer sus alegatos en contra de la medida.
Boris Johnson acatará la declaración de ilegalidad de la suspensión del Parlamento por el Tribunal Supremo si esta se produce, pero el abogado del Gobierno en la causa, lord Keen, se ha negado a confirmar qué hará después y ha rehusado responder cuando dos jueces le han preguntado si podría decidir una nueva supensión. Keen puntualizará este miércoles sus palabras a petición de los magistrados,informa Colpisa.
No se pueden juzgar «propósitos políticos», según Keen, que recordó que la suspensión añade solo siete días de inactividad al habitual receso parlamentario por las conferencias de los partidos, en los que los diputados pueden reunirse en comités o hacer preguntas al Gobierno. Y en los primeros días de septiembre el Parlamento no tomó la iniciativa de introducir una ley que impidiera la disolución.
