El jefe de los Mossos eleva el nivel de alerta y dimite a 24 horas del aniversario del 1-O

C. Reino / M. Saiz-Pardo BARCELONA, MADRID / COLPISA

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El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, (a la izquierda)  con el ya exdirector de los Mossos, Andreu Martínez
El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, (a la izquierda) con el ya exdirector de los Mossos, Andreu Martínez Alejandro García | EFE

El independentismo calienta motores con la vista puesta en la sentencia del Supremo

30 sep 2019 . Actualizado a las 20:50 h.

 Un día antes del segundo aniversario del referendo ilegal del 1 de octubre, con importantes manifestaciones convocadas, y en puertas de las movilizaciones previstas ante la sentencia del procés, el director general de los Mossos d’Esquadra, Andreu Martínez, se fue a su casa después de quince meses en el cargo y tras anunciar el cuerpo policial autonómico la elevación del nivel de alerta ante la previsión de disturbios. «Ha cumplido una etapa», explicaron fuentes de la Consejería de Interior. El consejero Miquel Buch se limitó a señalar en Twitter la «buena labor que ha hecho al frente de los Mossos».

El malestar del hasta ahora director general de los Mossos con su superior directo era palpable. Martínez tuvo que encajar que nadie del Gobierno de Quim Torra saliera en su defensa ante las críticas e insultos de los sectores más radicales del soberanismo por la actuación de los agentes en la dispersión de algunas manifestaciones. También soportó la destitución de su directora de comunicación, ordenada por Buch, tras difundirse que la policía catalana iba a utilizar gas pimienta para enfrentarse a los más violentos en las manifestaciones.

El ya ex director general es un profesional del área de seguridad con una dilatada trayectoria y al que no se conocen veleidades soberanistas en público. Será sustituido por el jefe de gabinete del consejero, Pere Ferrer. Buch resaltó que el nuevo director «es del equipo y tiene la experiencia, el criterio y las ganas para liderar esta nueva etapa».

Entretanto, el independentismo, tanto los sectores moderados como los radicales, preparan con detalle las movilizaciones de hoy. Consideran que el segundo aniversario del 1-O debe ser la antesala de las grandes protestas de reacción a la sentencia del Tribunal Supremo por el procés que se espera para mediados de este mes.

Aunque son decenas los actos convocados para recordar la consulta ilegal, algo que llevó ayer a los Mossos a elevar el nivel de alerta, los Comités de Defensa de la República (CDR) y la Asamblea Nacional Catalana preparan las protestas de hoy como un «ensayo general». La preocupación entre las fuerzas de seguridad, sobre todo, es por las decenas de actos que han convocado y a los que se han adherido los 270 grupos de CDR. Los ánimos, admiten los servicios de Información de la policía autonómica y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, están muy caldeados tras el encarcelamiento de los siete detenidos por la Guardia Civil.

Este operativo tuvo su epicentro en el Vallès, una de las comarcas con mayor presencia y fuerza de los CDR. Pero también son muy activos en otras zonas como los barrios barceloneses de Gótico-Raval o Gracia, comarcas y pueblos como Rubí, Vich La Sagrera-Navas, o el comité Nord-Oriental de Gerona, Osona, Ripollés y el Maresma. Las convocatorias de los CDR en esas zonas y en otras localidades se han realizado bajo las proclamas de «El combate continúa», «Lo volveremos a hacer» y «Ni olvido ni perdón».

Los canales de Telegram de los CDR, su principal medio de comunicación, han distribuido instrucciones para activar un canal de alertas «para avisar de cualquier nueva acción, agresión o movimientos de la policía».

«Colapsar» Cataluña

Las acciones de los CDR coincidirán con las movilizaciones de la ANC que, aunque tiene un extenso programa de protesta para este 1-O, espera echar el resto, como los CDR, con el fallo del Supremo. El secretario nacional de la ANC, David Fernàndez, aseguró que su colectivo tiene la intención de «colapsar la red viaria» de Cataluña con una multitudinaria marcha de tres días por varios puntos hasta acabar en Barcelona.

Cerca de 350 funcionarios de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP antidisturbios), entre ellos 200 agentes llegados de Sevilla, Granada y Bilbao, van a ser desplegados para proteger edificios de la Administración del Estado. Por su parte, los Mossos, además de elevar el nivel de alerta, han reforzado el dispositivo Minerva por el riesgo de incidentes pues informes de la Comisaría General de Información autonómica apuntan a un «riesgo alto» de «conflictividad» esta semana.

Los CDR probaron sus técnicas con motivo del Consejo de Ministros del pasado diciembre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acusa en sus autos a los siete miembros de los CDR detenidos —como integrantes del denominado equipo de respuesta táctica (ERT)— de estar detrás de la organización de los disturbios durante el Consejo de Ministros celebrado en diciembre pasado en Barcelona. Además, el magistrado apunta que el denominado «CNI catalán» fue el instigador de la operación para asaltar el Parlamento catalán.

El magistrado destaca en sus autos que el ERT «ha dotado de preparación y formación y medios a sus integrantes en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de walkie talkies». Según el magistrado, el debut del ERT y sus nuevas técnicas se produjo «en los disturbios durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre del 2018». El magistrado también explica el supuesto encuentro entre varios de los detenidos con Anna Puigdemont. Una reunión que la familiar del expresidente catalán desmintió en las últimas horas categóricamente.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció ayer que su partido se querellará contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. También pidió que Torra sea detenido con carácter preventivo por su «relación con los terroristas del CDR».

Quim Torra avanzó que el Tribunal Superior de Cataluña ha fijado para el 18 de noviembre su juicio por mantener la pancarta del lazo amarillo en campaña electoral.