Sarkozy será juzgado por la financiación ilegal de su campaña

asunción serena PARÍS / E. LA VOZ

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CHRISTOPHE PETIT TESSON | EFE

El delito del que está acusado el expresidente está penado con un año de prisión y 3.750 euros de multa

02 oct 2019 . Actualizado a las 08:24 h.

Nicolas Sarkozy ha agotado todos los recursos para evitar un proceso y será juzgado por financiación ilegal de su campaña electoral en el 2012, cuando perdió las presidenciales frente a François Hollande. El Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la decisión del juez de instrucción Serge Tournaire, quien ordenó la presentación del antiguo presidente de la República ante el tribunal correccional por el llamado affaire Bygmalion, el nombre de la empresa de eventos que generó todo un sistema de facturas falsas para ocultar el exceso de gastos, por encima de lo que permite la ley.

Para garantizar la igualdad entre los candidatos, los gastos de campaña no podían superar los 22,5 millones de euros. Pero, pese a que los expertos contables indicaron a Sarkozy que habían superado el límite, este ordenó que se siguieran organizando mítines grandiosos que supusieron un sobrecargo en el presupuesto de entre 15 y 20 millones.

Para disimular estos gastos, diversas personas del equipo de campaña de Sarkozy, de su partido (entonces llamado Unión por un Movimiento Popular) y de la empresa en cuestión idearon un sistema de facturas falsas que adjudicaba el grueso de los gastos de la campaña al partido, mientras que solo registraba una mínima parte en los gastos de campaña del candidato.

Sarkozy no está acusado de tener conocimiento de este gigantesco sistema de fraude, pero el juez considera probado que no podía ignorar que habían sobrepasado el límite. Entre otras cosas porque el experto contable de la campaña le envió varias notas alertándole de que ya habían gastado el dinero que la ley permitía.

El delito reprochado al expresidente, financiación ilegal de campaña, está penado con un año de prisión y 3.750 euros de multa. Y está a la espera de otro juicio por corrupción activa y tráfico de influencia por intentar obtener de un magistrado informaciones que estaban bajo secreto de sumario.