Quién es quién en el banquillo del 1-O

De los doce líderes procesados, nueve están en prisión preventiva


La Voz

El punto álgido de proceso separatista catalán, en el convulso otoño del 2017, acabó con doce líderes secesionistas en el banquillo del Tribunal Supremo. Nueve de ellos están en prisión preventiva desde entonces, y allí esperan la sentencia de un juicio histórico en el que se juegan mucho: entre 7 y 25 años de cárcel por tratar de quebrar la unidad del Estado promoviendo la violencia.

Quién es quién y a qué se enfrentan ahora, se detalla a continuación:

1. Oriol Junqueras

(Barcelona, 1969) El que fuera vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda es para la Fiscalía el «promotor» de un delito de rebelión, que se suma a otro de malversación de caudales públicos para financiar la consulta ilegal del 1-O. El fiscal pidió 25 años de prisión para el líder de ERC, que la Abogacía General del Estado rebajó a 12 por considerar que lo que hubo fue un delito de sedición (la diferencia con el de rebelión está en el uso o no de la violencia), además del uso irregular de fondos públicos. La acusación popular, ejercida por Vox, sin embargo, tiró por elevación y reclamó para Junqueras 74 años de cárcel, al añadir a los delitos que le imputa la Fiscalía el de organización criminal.

El político está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre del 2017. Concurrió a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo y logró escaño, pero el Supremo no le permitió recoger su acta en el Congreso.

2. Carmen Forcadell

(Cherta,Tarragona, 1956). Expresidenta del Parlamento catalán, está en prisión desde el 23 de marzo del 2018. Acusada de permitir la tramitación de las leyes de desconexión y de poner a la Cámara autonómica al «servicio del violento resultado obtenido con el referendo», la Fiscalía pidió para ella 17 años de prisión, que la Abogacía del Estado rebajó a 10, y la acusación popular disparó hasta 62, como en el caso de Junqueras, por rebelión y organización criminal. Forcadell fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) cuatro años y en su alegato final del juicio aseguró que estaba siendo juzgada por su trayectoria política, no por sus actos.

3. Jordi Sánchez 

(Barcelona, 1964). Expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en la que relevó a Forcadell y cargo al que renunció poco después de ingresar en prisión, el 16 de octubre del 2017, fue elegido diputado por Junts per Catalunya en los comicios del 28 de abril, pero la Mesa del Congreso lo suspendió. La Fiscalía pidió para él 17 años de cárcel por su papel “crucial” en las movilizaciones ciudadanas para presionar al Estado en el intento secesionista. La Abogacía del Estado la acusó de sedición (8 años) y Vox, de nuevo, de rebelión y organización criminal (62 años). En el juicio defendió que las protestas habían sido pacíficas.

4. Jordi Cuxart 

(Santa Perpetua de Moguda, Barcelona, 1975). Es presidente de Omnium Cultural, la organización defensora de la cultura catalana al frente de la cual relevó a Quim Torra. Su situación procesal es idéntica a la de Sánchez. Entraron en la cárcel a la vez y se enfrentaban a los mismos delitos y penas.

5. Joaquim Forn

(Barcelona, 1964). Consejero de Interior de la Generalitat en el momento de la escalada secesionista, era el responsable político de los Mossos d'Esquadra y de su discutida actuación durante la jornada del referendo ilegal. En las pasadas elecciones municipales resultó elegido concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. En prisión preventiva desde el 2 de noviembre del 2017, Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular le imputaron los mismos delitos que a Junqueras por los que, respectivamente, pidieron para él 16, 11,5 y 74 años de cárcel. 

6. Jordi Turull

(Parets del Vallès, Barcelona, 1966). Exconsejero de Presidencia y exportavoz del Gobierno catalán. En el juicio se le señaló como uno de los principales instigadores de la movilización ciudadana que desembocó en el referendo. En su última intervención ante el tribunal, advirtió que una condena no lograría “descabezar” al independentismo. Se enfrentó a los mismos cargos y penas que Forn. Entró en prisión el 23 de marzo del año pasado. Igual que Jordi Sánchez, fue elegido diputado en las pasadas elecciones, pero la Mesa del Congreso lo suspendió.

7. Raül Romeva

(Madrid, 1971). Exconsejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, también fue durante una década europarlamentario por Iniciativa per Catalunya y encabezó la lista de Junts pel Sí (la coalición de PdeCAT y ERC) en las elecciones autonómicas del 2015. En las generales de abril fue elegido senador, aunque fue suspendido. En prisión desde el 23 de marzo del 2018, igual que para el resto de exmiembros del Gobierno catalán enjuiciados, pidieron para él entre 11,5 y 16 años de cárcel (74 pidió Vox). Una de sus funciones principales fue la de impulsar el reconocimiento en el exterior de la república catalana que pretendían proclamar.

8. Dolors Bassa 

(Torroella de Montgrí, Girona, 1959). La exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales fue previamente concejala en Girona. La Fiscalía, que la acusó de rebelión y malversación (16 años de cárcel, 11,5 la Abogacía), la consideró responsable de facilitar la celebración del 1-O poniendo a disposición todos los inmuebles públicos dependientes de su departamento y de desarrollar una base de voluntarios para participar en la consulta ilegal, además de sufragar parcialmente el gasto del referendo. Está en prisión preventiva desde el 23 de marzo del pasado año.

9. Josep Rull

(Terrasa, Barcelona 1969). Veterano de la desaparecida Convergència Democrática, fue  consejero de Territorio y Sostenibilidad cuando Carles Puigdemont formó Gobierno en enero del 2016. En las elecciones del pasado abril resultó elegido diputado, pero está suspendido, como el resto de sus antiguos compañeros de Gobierno. Al igual que ellos, sobre su cabeza pendía una condena por rebelión (o sedición) y malversación, con penas de entre 16 y 11 años y medio de prisión. En preventiva desde el 23 de marzo del 2018.

10. Carles Mundó.

(Vic, Barcelona, 1976). El exconsejero de Justicia, abogado y vinculado a ERC, es uno de los tres acusados en el juicio que está en libertad provisional. Acusado de malversación de caudales públicos y desobediencia, Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron para él 7 años de cárcel y una sanción de 30.000 euros, mientras que Vox reclamaba 24 años, al sumarle, como al resto, el delito de organización criminal.

11. Santi Vila

(Granollers, Barcelona, 1973). Pasó por ERC y Convergencia. El exconsejero de Empresa de Puigdemont (antes lo fue de Cultura) presentó su dimisión el 26 de octubre del 2017, antes del «despropósito» de la declaración unilateral de independencia. Se enfrentó a 7 años de prisión por malversación y desobediencia. Vox retiró la acusación de organización criminal. Durante el juicio Vila sostuvo que el Govern buscaba «tensar la cuerda sin que se rompiera» para negociar con Rajoy avances, aunque no la secesión. Está en libertad provisional. 

12. Meritxell Borrás

(Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1964). Veterana diputada de Convergencia -entró en la Cámara en 1995-, la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda está en libertad provisional, como Vila y Mundó, y pesaba sobre ella una petición de 7 años de cárcel por malversación y desobediencia (Vox la elevaba a 24).

Un tribunal para una sentencia histórica, la del procés

Ana Balseiro

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, busca un fallo unánime de los siete magistrados

Un fallo unánime, sin votos particulares, sin resquicios que puedan dar pie a recursos que encuentren eco en otras instancias -desde el minuto cero, las defensas han tenido los ojos y las esperanzas puestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, es lo que persigue Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda, la de lo Penal, del Supremo, que ha juzgado la intentona secesionista en Cataluña. Estamos en tiempo de descuento para conocer una sentencia que hará historia en la democracia del país. Estos son los siete integrantes del tribunal:

Manuel Marchena. (La Palmas de Gran Canaria, 1959). Fiscal de carrera, es magistrado del Supremo desde el 2007, y desde noviembre del 2014, preside la Sala Segunda, la de lo Penal, la más importante de las cinco que componen el tribunal. Su elección para el puesto no estuvo exenta de polémica, ya que los jueces progresistas -a él se le considera de perfil conservador, aunque no pertenece a ninguna asociación profesional- prefería al candidato Miguel Colmenero. Le pasaban factura por su decisivo papel, primero como fiscal y más tarde como magistrado, en el proceso que concluyó con la expulsión de Baltasar Garzón, el juez estrella, de la carrera judicial.

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