Puigdemont pedirá la restitución de sus derechos como diputado en Parlamento catalán
15 oct 2019 . Actualizado a las 16:03 h.El Parlamento Europeo (PE) ha reactivado la prohibición total de acceso a sus edificios al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, después de que la Justicia española cursara este lunes una nueva orden europea de detención y entrega. Así lo han confirmado a Efe fuentes parlamentarias, que han señalado que la decisión se enmarca en «la cooperación entre Estados miembros e instituciones europeas».
Se trata de una decisión idéntica a la que tomó la Eurocámara en noviembre del 2017 cuando se estaba tramitando la primera euroorden contra el expresidente catalán, que había huido a Bélgica a finales de octubre de ese año.
El expresidente de la Generalitat reiteró su voluntad de colaborar con la Justicia belga. No confirmó, sin embargo, cuándo se entregará a la Policía, previa citación a instancias de la Fiscalía que vaya a hacerse cargo del caso, pero señaló que «conocen su domicilio» y «no habrá problema en ese sentido». «Los abogados están analizando todas las circunstancias y naturalmente como en todas las ocasiones anteriores estamos absolutamente a disposición de la Justicia belga y vamos a esperar la decisión que tomen», reiteró Puigdemont,
Carles Puigdemont no especuló sobre por qué en esta ocasión la euroorden solo se ha emitido en su contra y no incluye a los exconsejeros que huyeron con él y afeó la «creatividad de la Justicia española un poco a la carta».
Además, el expresidente de la Generalitat huido, afirmó que solicitará la restitución de sus derechos como diputado al Parlamento de Cataluña, una vez que la Justicia española ha reactivado su euroorden por los delitos de sedición y malversación, pero no de rebelión. A la espera de que sus abogados reciban la notificación de la Justicia belga en relación con la nueva euroorden en su contra, Puigdemont afirmó que el hecho de que se curse por el delito de sedición, y no por rebelión como las dos anteriores, demuestra que en España no hay «garantías» ni «posibilidad de un juicio justo».