La exhumación de Franco llega a su fin tras 416 días de resistencia familiar

El proceso culminará esta semana, tras retrasarse por la oposición de los nietos

Un operario cierra la verja de acceso al Valle de los Caídos tras el anuncio de la exhumación
Un operario cierra la verja de acceso al Valle de los Caídos tras el anuncio de la exhumación

madrid / colpisa

Nunca desenterrar un cadáver había provocado tanto revuelo en España. Ni siquiera las exhumaciones de Cristóbal Colón o Salvador Dalí. Pero esta vez el muerto sigue muy vivo porque su nombre aún pesa como una losa en la política: Francisco Franco. Los restos del dictador han permanecido bajo la lápida principal del Valle de los Caídos desde su entierro el 23 de noviembre de 1975. Un reposo de 43 años y 11 meses, durante el que han desfilado siete presidentes de Gobierno, cuatro Papas y en el que han sido coronados Juan Carlos I y Felipe VI. En este tiempo se planteó varias veces el traslado de sus restos, pero no fue hasta el anuncio oficial del presidente socialista Pedro Sánchez el 18 de junio del año pasado -dos semanas después de ganar la moción de censura que expulsó del Gobierno a Rajoy- cuando la posibilidad tomó cuerpo.

«España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrarlas», dijo entonces Sánchez, aún sin tener muy claro el camino ni cómo recorrerlo. Retomaba una vieja quimera de su antecesor en el cargo José Luis Rodríguez Zapatero, que, como asegura él mismo, llegó «hasta donde pude llegar». En total, 416 días que comenzaron el 24 agosto de aquel año con la modificación, por real decreto, de la Ley de Memoria Histórica, y terminarán antes de este viernes, cuando se proceda a trasladar los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

Pero hasta ahora el viaje ha sido poco trepidante -el féretro no se ha movido- porque ha estado plagado de escollos y una batalla legal con la familia Franco. Ellos rechazaron el traslado desde el inicio y propusieron como destino la catedral de La Almudena, donde yacen los restos de la hija del dictador, Carmen, si no fuera posible evitarlo. Además, exigían que el entierro se celebrase con «honores militares». 

El asunto de la Almudena se zanjó pronto, con un informe contrario de la Delegación de Gobierno de Madrid, alegando «motivos de orden público». Para el negociado espiritual, en cambio, hizo falta la visita a El Vaticano de la vicepresidenta Carmen Calvo, principal responsable de ejecutar toda la operación.

Con el Gobierno puesto al día en materia judicial y canónica parecía que la exhumación ya era un hecho consumado. Sin embargo, volvió a retrasarse porque Sánchez se vio obligado a convocar elecciones y porque un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente el permiso de exhumación, argumentando que «levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios».

Finalmente el Gobierno fijó el 10 de junio como límite para el traslado y decidió que el lugar elegido fuera el cementerio de Mingorrubio, a 60 kilómetros del Valle de los Caídos. Pero tampoco se cumplió. El Supremo, a instancias de la Fundación que lleva el nombre del dictador, congeló la exhumación a falta de una sentencia firme, que llegó el 24 de septiembre, tras rechazar todos los recursos de los nietos.

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