La nueva euroorden del juez Llarena por sedición dirimirá la primera batalla judicial el próximo 29 en Bruselas
28 oct 2019 . Actualizado a las 18:01 h.Dentro de diez días se cumplirán dos años desde que Carles Puigdemont pusiera pies en polvorosa tras ser citado por la Audiencia Nacional. 24 meses eludiendo la acción de la justicia española y asentado en el palacete de Waterloo, a las afueras de Bruselas. Por el camino, el expresidente de la Generalitat ha salido victorioso en dos de las Ordenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) que activaron los jueces Carmen Lamela y su colega del Supremo Pablo Llarena, instructor del procés.
Llarena rechazó una de estas peticiones después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, estado alemán donde fue detenido Puigdemont tras regresar por carretera desde Finlandia, desestimara en julio del 2018 el delito de rebelión y solo admitiese el de malversación de caudales públicos.
Pero ahora, tras la sentencia del procés, el magistrado ha vuelto a la carga con una tercera euroorden, aunque esta vez por sedición y malversación. Puigdemont, que está procesado en rebeldía en esta causa, comparecerá el próximo 29 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para responder a la solicitud de Llarena.
El expresidente catalán se presentó de forma voluntaria en comisaría y estuvo detenido casi 24 horas antes de ser trasladado a dependencias judiciales. Tras la comparecencia fue puesto en libertad sin fianza.
Sesenta días de aventuras judiciales
Allí rechazó la extradición y argumentó que tenía inmunidad porque fue elegido eurodiputado en mayo. La oficina de Llarena confirmó a los belgas que el huido «no ha acatado la Constitución española ni ha tomado posesión del escaño». Por lo tanto, no existía tal privilegio, así que el proceso sigue su curso.
Tras la vista del próximo martes, el tribunal de Bruselas tendrá 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no. En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más: el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente. En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para resolver. La directiva de aplicación de la OEDE prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro. Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega.
Desde el Supremo han señalado que el juez Llarena volverá a rechazar esta euroorden si la justicia belga no admite el delito de sedición. La razón es que no se puede juzgar a Puigdemont solo por malversación de caudales públicos cuando sus colegas del Gobierno catalán han sido condenados por su responsabilidad en el «alzamiento público y tumultuario, por la fuerza o fuera de las vías legales, para saltarse las normas e incumplir en este caso las resoluciones judiciales».
Desde la defensa de Puigdemont confían en que el tribunal belga entre en el fondo de la sedición. Así lo hizo, con cierta extralimitación, el órgano alemán con la rebelión y descarte este nuevo delito por la ausencia de violencia.