Bélgica, el gran santuario europeo para los prófugos de la Justicia española

El país se ha convertido en refugio de terroristas, políticos y agitadores

Carles Puigdemont, Merixell Serret y Antoni Comín
Carles Puigdemont, Merixell Serret y Antoni Comín

REDACCIÓN / LA VOZ

«Si por poner urnas nos condenan a 100 años, la respuesta es clara, habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación», manifestó Torra tras conocer la sentencia del procés. Sus palabras hicieron que muchos se llevaran las manos a la cabeza en Bruselas. Funcionarios, altos cargos políticos y prensa afincada en Bélgica bromearon con la idea de tener que revivir el culebrón del 2017 con Puigdemont. El país sigue siendo el destino predilecto de los prófugos de la justicia española en Europa.

La historia de connivencia entre sus autoridades judiciales y los autoproclamados «defensores de la libertad» que llegaron a esas tierras en busca de impunidad, se remonta a los años 90, en plena actividad de la banda terrorista ETA. Algunos de sus miembros, perseguidos por asesinatos y pertenencia a banda armada, eligieron la región de Flandes, tradicionalmente separatista, para esquivar las duras penas de cárcel reservadas para delitos de terrorismo en España.

El caso de Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, acusados de pertenecer al comando Vizcaya, fue el más sonado porque provocó una tormenta diplomática y el cese temporal de la cooperación entre España y Bélgica. El detonante fue la negativa de un tribunal de Bruselas a ejecutar sus órdenes de extradición. También eligieron Flandes para salir del radar de la justicia española los etarras Ventura Tomé (Bruselas), Javier Aguirre (Bruselas) y Luis María Zengotitabengoa (Ostende). A todos ellos se les pudo juzgar. No así a Natividad Jáuregui, alias «Pepona».

La presunta verduga del coronel Ramón Romeo Rotaeche, asesinado en 1981, empezó una nueva vida como hostelera en Gante. La justicia belga se negó hasta en dos ocasiones e entregarla a España asiéndose a argumentos nacionalistas trasnochados. Calificaron a ETA como un movimiento de resistencia vasca antifranquista (más de tres décadas después de la caída del régimen) y a Jáuregui como una joven revolucionaria que corría peligro de torturas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos echó por tierra todas esas excusas y acusó a la justicia belga de ser «arbitraria» y «no cooperadora». Entre mariscadas y paellas, «Pepona» sigue disfrutando de su libertad en compañía de otros prófugos como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o el rapero Valtònyc. Dado el largo historial de fugitivos acogidos, el aterrizaje en tierras belgas de Puigdemont ­-mañana martes se cumplen dos años de su huida-, los tres exconsellers (Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) y Valtònyc no se puede considerar una novedad. A diferencia de los fugitivos vinculados a ETA, estos han apostado por la visibilidad. 

Puigdemont pierde fuelle

Lejos de buscar el anonimato, el expresidente catalán ha tratado por todos los medios de llamar la atención de la prensa internacional y las instituciones europeas, sin éxito. El interés inicial que generó su llegada se ha ido disipando con el paso del tiempo. Su discurso no ha logrado persuadir a los líderes de la UE. Ni siquiera a políticos nacionalistas simpatizantes con la causa, como los independentistas escoceses, quienes se desmarcaron del referendo ilegal asegurando que el escocés se hizo en el marco del Estado de derecho.

Apartado de las funciones Ejecutivas y con la única voluntad de seguir moviendo los hilos de la Generalitat desde Bruselas, al expresidente catalán se le ha visto frecuentando conferencias y reuniones con políticos de la xenófoba N-VA belga, eventos vinculados a organizaciones separatistas, conferencias universitarias y la ópera.

Sigue atrincherado en su mansión de Waterloo, donde organiza comilonas y alguna que otra declaración a la prensa para no caer en el olvido de la agenda mediática. No se le conoce otro trabajo que el de liderar lo que bautizó como «Gobierno en el exilio».

El caso de Meritxell Serret es paradójico. A pesar de ser reclamada por la justicia española, la que fuera responsable de Agricultura de la Generalitat sobrelleva su «exilio» dirigiendo la delegación catalana en Bruselas, sostenida con fondos públicos.

Por su parte, Antoni Comín vive apaciblemente en Lovaina, disfrutando de la calma y la buena cerveza belga que ofrece esta ciudad de ambiente estudiantil a 30 minutos de la capital. Se ha convertido en la mano derecha de Puigdemont. En cuanto vio escasear el dinero y el apoyo de ERC, pasó a engrosar las listas de JxC. Lluís Puig, el último de los exconsellers fugados en Bélgica, vive en una zona cercana al barrio europeo de Bruselas y sobrevive con el lucrativo cargo concedido a dedo por la Generalitat para desarrollar un programa de desarrollo de proyectos culturales en el exterior. 

Cobijo en Bruselas

La lista de catalanes la completa el empresario Josep María Matamala. La mano que da de comer a Puigdemont fue premiado con el cargo de senador de JxCat por Girona por financiar parte de su fuga. Tras la disolución del Parlamento el pasado mes de septiembre se le acabó la inmunidad y decidió poner pies en polvorosa hacia Bruselas por miedo a que la justicia española lo condene por encubrimiento de rebelión.

El rapero mallorquín, Josep Miquel Arenas Beltrán (Valtònyc), es otro de los fugados que aprovecharon la oleada para buscar cobijo y defensa jurídica en Bruselas. Ha organizado conciertos en centros culturales como Pianofabriek o La Tentación. Sobre él pesa una pena de tres años de prisión por amenazas, enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves a la Corona española.

Una legislación que no contempla tipos penales presentes en otros países de la UE

Hay tres características que convierten a Bélgica en un santuario de fugitivos. El primero tiene que ver con el enorme peso político y económico que ostentan los flamencos, una comunidad rica y abiertamente separatista respecto a los valones. Su complicidad con los movimientos independentistas quedó patente desde el primer minuto cuando, asesorado por sus abogados, Puigdemont pidió que su euroorden fuera tramitada en neerlandés, de forma que se le adjudicó a un juez flamenco, más favorable a su causa.

El segundo factor es la falta de sensibilidad de sus autoridades en materia de terrorismo. Su falta de colaboración en la extradición de etarras se puede explicar, en parte, porque se trata de un país que nunca sufrió en sus carnes la violencia de una organización como ETA que, dado su origen, todavía se percibe como un movimiento de resistencia.

El último factor es su legislación. A pesar de tener un marco común europeo para las órdenes de arresto, basadas en el principio de la mutua confianza, lo cierto es que su legislación no contempla tipos penales (o los recoge con otra naturaleza) que sí están presentes en otros países europeos. Esto dificulta enormemente las entregas y aumenta las garantías de los fugitivos de no ser devueltos para rendir cuentas.

Comentarios

Bélgica, el gran santuario europeo para los prófugos de la Justicia española