Los partidos están interesados en seducir a un colectivo que representa el 16 % de los votantes
03 nov 2019 . Actualizado a las 10:10 h.Los seis millones de jubilados que hay en España suponen un 16 % del total de los votantes llamados a las urnas el 10-N, y el porcentaje aún sube más (hasta el 25 %) si se contabilizan también los perceptores de otras pensiones, como las de viudedad o incapacidad permanente. Por eso los partidos prestan especial atención a las reclamaciones de un colectivo al que les interesa seducir o, cuando menos, estar a bien -cabe recordar que pensionistas de todo el país se manifestaron hace poco más de dos semanas en Madrid reclamando blindar dichas prestaciones en la Constitución como un derecho fundamental-.
En sus respectivos programas electorales, el PSOE, Podemos y Más Madrid han recogido el guante e incluyen dicho compromiso, para actualizarlas anualmente conforme al IPC. Los socialistas matizan que el blindaje en la Constitución que proponen se haría después de acordarlo en la Comisión del Pacto de Toledo -la encargada de hacer las recomendaciones para reformar el sistema público y garantizar su sostenibilidad, encallada en la última legislatura-. También añaden que, hasta que se alcance dicho pacto, el Gobierno seguirá actualizándolas «conforme al IPC real» y aumentando «el poder adquisitivo de las mínimas y las no contributivas», además de «impulsar la reducción de la brecha de género y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial».
Derogar la reforma del PP del 2013
Podemos va más allá de “garantizar” la revalorización de las pensiones por ley, vía Constitución, pues en su programa se compromete a derogar el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Rajoy (medida que también defiende la formación de Íñigo Errejón, que plantea derogar la reforma del PP del 2013) y que, según los de Pablo Iglesias, «supondrá [de no derogarse] un descenso de la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años». La formación morada defiende que, de no haberse conseguido un retraso en su aplicación -la presión de los pensionistas obligó al PP a demorar su entrada en vigor hasta el 2023, aunque no se suprimió-, este año ya hubiera bajado un 0,5 % las nuevas pensiones que se incorporan al sistema público. También proponen, como el PSOE, incrementar las prestaciones mínimas y las no contributivas, algo que se materializará a través del Ingreso Básico Garantizado que, «al situarse en al menos 600 euros por persona sola, habrá elevado de un plumazo más de 200 euros las no contributivas».
En lo que respecta al PP, su programa se compromete con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Sin embargo, señala que la revalorización «tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores» (sin especificar), pues la actualización de las prestaciones debe ser compatible con la sostenibilidad del sistema. A diferencia del bloque de izquierdas, los de Pablo Casado no hacen referencia a blindar la subida de las pensiones en la Constitución.
Incentivos fiscales para retrasar voluntariamente la jubilación
Además de avanzar en medidas ya implementadas por el Gobierno de Rajoy para incentivar el retraso voluntario de la jubilación, como compatibilizar el cobro de un «porcentaje ascendente» de la pensión con la actividad laboral, los conservadores dan un paso más y en su programa electoral plantean como novedad la aplicación de una exención fiscal -con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse- si se prolonga la vida profesional más allá de la edad de jubilación sin cobrar pensión. De este modo, los populares se decantan por el retraso voluntario de la edad de retiro, desmarcándose de la opinión de José María Aznar, que días atrás abogó por alargarla hasta los 70 años en aras de la sostenibilidad del sistema.
También Ciudadanos defiende que los trabajadores se mantengan en activo todo el tiempo que deseen. Así, en su programa se comprometen a «garantizar que sea compatible trabajar y percibir el 100 % de la pensión», así como a prohibir la jubilación forzosa, tanto en el empleo privado como en el público. Otra de sus medidas, en línea con la planteada por el PP, es la de flexibilizar el acceso al retiro, «reforzando el premio que perciben quienes retrasen voluntariamente su jubilación» y habilitando fórmulas que permitan adelantarla también «sin merma de la pensión en función del tiempo y las cantidades cotizadas».
Vox, por su parte, propone que las pensiones contributivas estén exentas en el IRPF, «no por doble tributación, sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral». La formación de Abascal aboga también por un nuevo modelo, mixto, de capitalización y reparto, que compatibilice la prestación pública (el actual sistema basado en la solidaridad intergeneracional), que «se revalorizará con el coste de la vida», y los planes privados. Defienden «el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas», algo que comparten con los de Pablo Casado.
Diferencias en los años para calcular la pensión
Las diferencias entre los partidos se extienden también a sus recetas sobre cuántos años y cuáles deben computarse para calcular la cuantía de la jubilación. El PP defiende extenderlo progresivamente a toda la vida laboral, para evitar que los años de la crisis impacten negativamente en el importe final. En el extremo contrario se sitúa la formación de Pablo Iglesias, en cuyo programa se defiende que se puedan «elegir libremente los años de cómputo». Argumentan que «tanto la limitación de que sean los últimos años, como la de que sean consecutivos, estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos». Ciudadanos, como el PP, defiende contabilizar todos los años trabajados, aunque solo como medida orientada a los autónomos.