Uno confesó que había una célula en Vich dispuesta a actuar a partir de diciembre
08 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El sumario de la operación Judas revela detalles de los planes de los CDR para sembrar el caos en Cataluña. En una de las conversaciones grabadas por los agentes entre presuntos miembros de la célula del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) a la que la Audiencia Nacional les atribuye terrorismo, conspiración y tenencia de explosivos, Eduard Garzón, se muestra partidario de aumentar sus acciones y habla de un grupo, Los Escamot, con sede en Vich, con «agentes durmientes» de los que dice que están dispuestos a actuar a partir de diciembre. Ante la Guardia Civil y ante el juez, su compañero Jordi Ros declaró que «estaba intentando desarrollar termita», el explosivo de alto poder incendiario que los agentes también le incautaron al ERT. Y reconoció que había inspeccionado una torre de alta tensión para incluirla en los planes de sabotaje.
Para el día D de la toma del Parlamento catalán y la declaración de la independencia por Quim Torra tenían preparada «una acción de imprevisibles resultados, que comprometería la integridad de personas y bienes». La Guardia Civil considera que los ataques iban dirigidos también a sus cuarteles en Cataluña, pues habían realizado búsquedas en sus teléfonos móviles de varios acuartelamientos.
En el sumario consta asimismo que el 22 de mayo pasado se produjo un incendio aparentemente inocuo que obligó a desalojar un edificio de viviendas en Sabadell. El fuego tuvo lugar en la cocina de la vivienda de uno de los radicales acusados de delitos terroristas y miembro del ERT, el ala dura de los CDR desmantelado.
Incendio sospechoso
Los agentes de la unidad de información de la Guardia Civil seguían la pista de Ros y les llamó la atención este incidente. Una semana antes se supo a través de conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial que Ros contactó con varios individuos con la intención de adquirir «200 kilogramos de parafina». Eran dos empresarios e industriales —Jordi Boix y un tal Delfi— que tenían acceso, sin levantar sospecha, a la adquisición de este material.
El incendio en la cocina de Ros se produjo seis días después. Los agentes sospechaban que este piso era utilizado «para llevar a cabo actividad de manipulación, fabricación o elaboración de productos peligrosos, nocivos o prohibidos». En el verano pasado, los investigadores acumularon indicios sobre los pasos de Jordi Ros y los también presos Alexis Codina y Germinal Tomás, que han efectuado labores de elaboración y fabricación de la termita (sustancia incendiaria) u otros componentes nocivos en dos domicilios. En estas viviendas, el instituto armado introdujo dispositivos electrónicos de vídeo, escucha y grabación.
Los elementos electrónicos de seguimiento y geolocalización también se colocaron en cuatro vehículos. Se intervinieron además teléfonos de seis compañías y se remitió un mandamiento a las multinacionales Amazon o Leroy Merlin para controlar los pedidos recibidos. Allí se adquirieron precursores para la fabricación de explosivos y en el sumario se han incluido hasta los recibos de compra.
En la derivada política de la operación, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se apresuró ayer a negar cualquier relación con los detenidos y pidió «aclarar bajo qué condiciones» fueron interrogados. Uno de ellos, Ferran Jolis, declaró que el grupo en el que estaba integrado planeaba encerrarse en el Parlamento catalán al menos cinco días, en los que Torra «iba a declarar la independencia». Los abogados de Alerta Solidaria, que llevan la defensa de algunos de los CDR, pusieron ayer en duda el valor jurídico de las declaraciones de sus defendidos y acusaron a la Guardia Civil de haber sometido a los detenidos a amenazas y coacciones. El letrado Xavier Pellicer considera que los datos conocidos son «filtraciones con intención política para alterar el resultado electoral del 10N».
