Los fiscales lo niegan y alertan de que esa afirmación da alas a la defensa de Puigdemont
07 nov 2019 . Actualizado a las 08:28 h.«¿La Fiscalía de quién depende?... Pues ya está». Con estas ocho palabras Pedro Sánchez abrió este miércoles la caja de los truenos y se convirtió en blanco de una lluvia de críticas, hasta el punto de tener que rectificar, vía Twitter, pocas horas después. Y es que el presidente del Gobierno en funciones presumió este miércoles de que el Ejecutivo manda sobre el ministerio público y que este sigue sus órdenes. Lo hizo durante una entrevista en RNE, al responder a la pregunta de por qué en el debate del lunes se había comprometido -a modo de promesa electoral- a traer de vuelta a España a Carles Puigdemont para ser juzgado.
Las declaraciones de Sánchez provocaron una respuesta inmediata de las asociaciones de fiscales que, tras calificarlas de «desafortunadas» y «despropósito», reafirmaron su «independencia» y lamentaron el «desconocimiento» de Sánchez del funcionamiento del ministerio público, así como la «simplificación» realizada. De hecho, alertaron de que las palabras del presidente en funciones podían dificultar la entrega de Puigdemont y el resto de huidos del procés, ya que dan armas a sus defensas al plantear dudas sobre si efectivamente hay injerencias del Ejecutivo, algo que insistentemente denuncian los líderes secesionistas.
El incendio fue tal, que hasta la Fiscalía General del Estado emitió un brevísimo comunicado (un solo párrafo en el que no se citó directamente al presidente) subrayando que todas las actuaciones del ministerio público en la causa del procés se produjeron «en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad».
Fiscalía «no cumple órdenes»
Por su parte, la Asociación de Fiscales, mayoritaria entre la profesión, lamentó en un comunicado el «desconocimiento» de Sánchez, cuyas manifestaciones «no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable». «La Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad», «no cumple órdenes del Gobierno», insiste el colectivo.
Idénticos mensajes lanzaron la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Ambas a través de Twitter recordaron respectivamente que «el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno y este no puede dar orden al o a la Fiscal General, que quede claro», y que «Sánchez se equivoca, No puede dar ninguna orden al Fiscal, conforme a la ley: artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia».
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, trató de sofocar el incendio provocado por su jefe de filas negando una intromisión en la separación de poderes respecto a la petición de extradición de Puigdemont, fugado en Bélgica desde octubre del 2017. Así, explicó que «al fiscal general lo nombra el Gobierno, en el resto de democracias también», para añadir que la Fiscalía «tiene un vínculo importante con la política criminal del Gobierno, en todas las democracias».
Las durísimas críticas, tanto de los fiscales como desde los partidos de la oposición, que no desaprovecharon la oportunidad de hacer leña del sonado patinazo de Sánchez, le obligaron a matizar sus declaraciones de la mañana. «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general», aseguró en Twitter poco antes de las tres de la tarde.
Pero el daño ya estaba hecho: la defensa de Puigdemont usará ante la Justicia belga las palabras del presidente para evitar su extradición. De hecho, Gonzalo Boye, abogado del prófugo, ironizó sobre que parece que Sánchez «quiere» que le «fiche» el equipo de defensa de Puigdemont.