¿Qué hacer con los presos yihadistas?

La presión de Erdogan para expatriar nacionales europeos vinculados al Estado Islámico reabre el debate sobre el destino de cientos de detenidos

Sospechoso de un ataque bomba planeado en nombre del Estado Islámico, en Fráncfort
Sospechoso de un ataque bomba planeado en nombre del Estado Islámico, en Fráncfort

beirut / e. la voz

Varado quedó Muhammed Darwis B, estadounidense presuntamente vinculado al Estado Islámico (EI) cuando Turquía trató de expulsarlo a Grecia. Él pidió ser enviado a Grecia, pero Atenas cerró el paso y el viernes fue expatriado a EE.UU. La imagen de este hombre atrapado entre la frontera turco-griega simboliza la problemática de los extranjeros que se unieron al EI y hoy llenan cárceles en Turquía, Siria e Irak.

En Siria e Irak hay 55.000 detenidos con vínculos a EI, según la ONU. La mayoría son sirios o iraquíes, pero los detenidos suman 50 nacionalidades. En Irak se calcula que el número de presos extranjeros asciende a un millar y se estima que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) custodian 2.000 hombres extranjeros y 11.000 mujeres y menores.

El presidente turco Tayyip Erdogan afirmó tener 737 presos extranjeros de EI y anunció su intención de enviar a suelo europeo a 33. Esta presión ha reabierto el debate. Desde el Centro Internacional de Anti Terrorismo (ICCT) plantean cinco escenarios.

Que los juzguen en Siria e Irak

Los Estados tienen el derecho soberano a juzgar a sospechosos de cometer crímenes en su territorio. En esto se basan los que defienden que los presos de EI sean juzgados por cortes sirias o iraquíes.

Pero como recordó la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, «si los ciudadanos están acusados de cometer crímenes en otro país, el estado de origen tiene que asegurarse de que son tratados de acuerdo al derecho internacional». Y esto es una quimera en Siria o Irak. En las cárceles del régimen de Bashar Al Assad es poco probable que los combatientes extranjeros «reciban un juicio justo», recoge el informe de ICCT. Respecto a las autoridades kurdas, no tienen la capacidad de juzgar ni tampoco la intención de hacerlo, como repiten las FDS. Iraq sí que está juzgando y condenando a muerte a hombres y mujeres extranjeros presuntamente vinculados a EI. HRW ha denunciado que los «juicios son generalmente rápidos y basados en la confesión del acusado». 

Que los juzgue un tribunal internacional ad hoc

Legalmente existe la posibilidad de establecer un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes de EI, pero el informe de ICCT enumera los desafíos: «conseguir el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad para crear el tribunal, las complejidades para determinar el mandato, la falta de tiempo, recursos y cooperación».

Prevenir que retornen

Australia y el Reino Unido han retirado la nacionalidad a sus ciudadanos. Otros países han recurrido a subterfugios técnicos para evitar el retorno: la justicia de EE.UU. niega ahora que la yihadista Hoda Muthana, de Alabama, sea ciudadana americana. Revocar la nacionalidad de combatientes extranjeros «no solo viola la legislación internacional, es también ineficiente en términos de lucha antiterrorista», dice el ICCT.

Repatriarlos, pero no proactivamente

Noruega o Países Bajos han optado por otra opción más sutil. Reconocen que sus nacionales tienen derecho a retornar, pero añaden que para iniciar el trámite el interesado debe acudir a un consulado o embajada del país. «Esta opción es comparable a enseñar a un detenido la llave de su celda y decirles que pueden acceder a ella mientras se mantiene la llave fuera de su alcance», resume  el ICCT. Por ejemplo en el norte de Siria, donde la invasión turca ha desestabilizado la zona, difícilmente un preso de EI puede abandonar el centro de detención y buscar representación consular (la mayoría de embajadas cortaron relaciones diplomáticas al inicio de la guerra). 

Esta semana, la justicia holandesa obligó al gobierno a «hacer todos los esfuerzos posibles» para repatriar a 56 menores atrapados en los campos de Al Hol y Al Roj en el norte de Siria. El gobierno ha apelado.

Repatriarlos proactivamente 

Rusia, Tajikistan, Uzbekistan o Francia sí han repatriado, pero sobretodo a mujeres y niños. La posibilidad de repatriar a un detenido y que tras cumplir una breve condena atente en territorio nacional es un riesgo que pocos líderes quieren asumir.

Desde ICTT, reconocen que «no es posible garantizar al 100% la seguridad de que los retornados no atenten de nuevo», pero estiman que a largo plazo es preferible un retorno controlado de estos combatientes, que la posibilidad de que escapen en Siria o Irak, se unan a otro grupo terrorista o retornen de incógnito al cabo de un tiempo. 

Entre los yihadistas retornados a territorio europeo, las condenas han sido «relativamente cortas», dado que se les juzga por pertenencia a grupo terrorista y no por los crímenes que han cometido en Siria e Iraq por la dificultad de obtener pruebas, «pero esto solo indica la necesidad de mejorar la cooperación internacional para que los fiscales puedan construir un caso solido», concluyen desde ICTT. 

El investigador Tore Refslund Hamming explica en su tribuna de Middle East Institute  que no solo «judicialmente, los países están obligados a hacerse cargo de sus ciudadanos», sino que desde un punto de vista moral «ningún país puede dejar esta tremenda tarea a países institucionalmente pobres y políticamente inestables como Siria e Irak». Hamming coincide en que es más seguro repatriarlos que dejarlos y que puedan escapar en un futuro. Un escenario que ya se ha cumplido: tras la invasión turca del norte de Siria, cerca de 100 presos del EI han escapado de los centros custodiados por las FDS.

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