Torra: «No cumplí la orden de la JEC porque era ilegal, dictada por un órgano que no tenía competencia»
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El presidente de la Generalitat Intenta desacreditar a la Junta Electoral y al tribunal que le juzga por no retirar los lazos amarillos
20 nov 2019 . Actualizado a las 13:25 h.«Sí, desobedecí». El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que este lunes fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ignorar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y mantener las pancartas y lazos amarillos de apoyo a los políticos independentistas presos antes de las elecciones del 28 de abril, admitió los cargos por los que la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y una sanción de 30.000 euros. El juicio coincide con un momento delicado para el escenario político nacional, en plena negociación del PSOE para atar la investidura de Pedro Sánchez y la formación de un Gobierno estable, algo en lo que los independentistas pueden resultar determinantes para cuadrar la difícil aritmética parlamentaria.
Torra —primer presidente en ejercicio en ser juzgado— defendió reiteradamente la actuación que le llevó al banquillo. Lo hizo durante su declaración y en su turno de última palabra, antes de que el juicio quedara visto para sentencia, así como en las redes sociales, aprovechando el receso del mediodía. Argumentó que desobedeció «porque era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano que no tenía competencia». «No. No se puede acatar una orden que es ilegal. Y la estrategia de la JEC fue la de empujarnos a una disyuntiva: o desobedecer o prevaricar», sostuvo.
En una estrategia calcada a la de Oriol Junqueras ante el Supremo, el presidente solo respondió a las preguntas de su defensa, en manos de Gonzalo Boye, también letrado de su predecesor en el cargo, el fugado Carles Puigdemont. Explicó que no respondía ni a la Fiscalía ni a la acusación popular, ejercida por Vox, porque este último «es un partido franquista», mientras que del ministerio público dijo que no era «garante de la legalidad, sino de los intereses del Gobierno», recordando la afirmación de Pedro Sánchez de que el Ejecutivo mandaba en la Fiscalía.
Se mostró ante la sala como un mártir del independentismo, víctima de un proceso político, arrastrado ante un tribunal cuya imparcialidad negó. De hecho, como ya hiciera su abogado, aseguró que será la Justicia europea quién tendrá la última palabra sobre un juicio que «busca alterar el panorama político catalán»: «Me podréis condenar, pero no cambiaréis la voluntad del pueblo de Cataluña, ni mi compromiso con la república».
En tono desafiante, reiteró que retirar las pancartas en defensa de los líderes presos habría sido «censura» y que no podía permitirlo, por lo que se limitó a «cumplir» con su deber de «defender» los derechos y libertades de la ciudadanía catalana, un argumento calcado al que emplearon Artur Mas y Carles Puigdemont para celebrar los referendos ilegales del 2014 y del 2017.
«Por defender las libertades y derechos de mis compatriotas, bienvenida sea la condena», concluyó, advirtiendo que durante los «meses» que siga al frente de la Generalitat no aflojará en su lucha por la independencia. Su condena abocaría a Cataluña a un adelanto electoral, ya que, una vez la sentencia de inhabilitación sea firme (después de que el Tribunal Supremo resuelva el ya anunciado recurso de casación), la división en el seno del independentismo haría inviable la elección de un sustituto en la presidencia.
