El bloqueo de testigos en la investigación del «impeachment» en el Congreso y los impuestos del magnate van camino del Supremo, que le es afín
27 nov 2019 . Actualizado a las 08:48 h.Existe cierta atracción y curiosidad por la pomposidad de las viejas monarquías europeas, pero en Estados Unidos, más allá de seguir con asombro sus ceremoniales, no quieren una. De hecho, en palabras de la jueza Ketanji Brown Jackson, «los presidentes no son reyes», que es tanto como decirle a Donald Trump que no puede hacer lo que le dé la real gana. Y menos en un país que presume de que los equilibrios de poder diluyen el riesgo de los autoritarismos.
Con una Casa Blanca tan particular, calificada ayer por el actor y director Robert Redford de «monarquía enmascarada» con tics de «tipo dictatorial», los jueces están día sí, día también, sentenciando sobre los posibles excesos de Trump. Y el presidente, que si de algo sabe es de muros, cuenta con el Supremo para reforzar su autoridad y aislarle del escrutinio de fiscales y congresistas. Por ello va apelando caso tras caso en los tribunales inferiores con la expectativa de que la mayor instancia judicial los acabe revisando. Si le sale rana, al menos logra embarrar el camino.
Argumentos de «ficción»
El Departamento de Justicia apeló ayer la decisión de la jueza Brown, del circuito federal, que determinó el lunes que un exasesor de la Casa Blanca, Don McGhan, está obligado a comparecer ante el Congreso tras haber recibido una citación para declarar. Aunque parezca un caso de otra época, a McGhan se lo citó por ser testigo directo de muchos de los posibles ejemplos de obstrucción a la Justicia de Trump vinculados a la investigación del Rusiagate. La petición le llegó en agosto, pero la Casa Blanca determinó que sus asesores son «absolutamente inmunes» a estas citaciones. La jueza, más allá de paralelismos monárquicos, concluyó que los argumentos de presidencia son «ficción».
El interés del caso de Don McGhan va más allá de su persona. Por un lado, de llegar al Supremo, los jueces determinarán la constitucionalidad de las citaciones del Congreso a asesores del presidente y si estos deben cooperar o no con las investigaciones. Tiene gran importancia en el contexto actual, con Trump bloqueando la comparecencia de testigos clave de la investigación del impeachment sobre el escándalo ucraniano. De hecho, uno de los que dice tener información de primera mano, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, dijo a través de su abogado que acudiría a declarar si los jueces resuelven que está obligado a ello. Quizá por si Bolton no se daba por aludido, la jueza escribió en su resolución que esta afecta no solo al caso de McGhan sino al de «otros funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, actuales y pasados».
La Justicia tiene sus tiempos y los demócratas otros. Adam Schiff, presidente del comité de Inteligencia que ha llevado hasta ahora la investigación del impeachment, anunció que, después del parón de Acción de Gracias, hará entrega de su informe al Comité Judicial, que es el encargado de redactar los posibles artículos de acusación contra el presidente que se elevarían a la Cámara de Representantes para su votación. Entre ellos, posiblemente uno por obstrucción a la Justicia, del que McGhan podría ser un ejemplo en el que sustentarla. En un muy trumpiano argumento, el presidente tuiteó ayer: «Me gustaría que la gente testificara». Al mismo tiempo, sin embargo, dijo estar «luchando por futuros presidentes».
La lucha por los impuestos
Además de bloquear testimonios, el presidente protege con celo sus declaraciones de impuestos. Tanto el Congreso como la Fiscalía de Nueva York quieren revisar las de los últimos años, en ambos casos para investigar el dinero que el presidente pagó a su exabogado Michael Cohen, ahora en la cárcel, para acallar antes de las elecciones presidenciales a la actriz Stormy Daniels, quien aseguró haber mantenido relaciones con Donald Trump.
Fiscalía y Congreso están pendientes del Tribunal Supremo, que ha dado tiempo a la Casa Blanca hasta el próximo 5 de diciembre para que entregue sus argumentos. Si asumen el caso, los jueces tendrán hasta junio para determinar si Trump está obligado o no a entregar su declaración de la renta.