Tres exdirigentes del PNV, a la cárcel por el mayor caso de corrupción vasco

A. Lorente BILBAO / COLPISA

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El lendakari Iñigo Urkullu
El lendakari Iñigo Urkullu ADRIÁN RUIZ-HIERRO | EFE

Idearon una red para cobrar comisiones en la consejería dirigida entonces por Ibarretxe

17 dic 2019 . Actualizado a las 20:52 h.

Golpe al PNV. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel y al pago de 351.000 euros en multas a Alfredo de Miguel, exdiputado foral y ex número dos del partido, por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Pasará un «máximo» de nueve años en prisión. También han sido condenados sus socios en la trama (crearon la empresa pantalla Kataia Consulting) y exdirigentes nacionales Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. El primero, a 6 años de prisión y 6 meses, y el segundo, a 7 años y 6 meses (con un cumplimiento máximo de 6 años y nueve meses). Asimismo, han sido sentenciados a varios años de inhabilitación.

El tribunal considera probada la existencia de una trama que los condenados organizaron para el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos y la adjudicación a dedo de concursos licitados por el Departamento de Cultura vasco liderado entonces por Juan José Ibarretxe.

La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Además de De Miguel, Ochandiano y Tellería, también ha sido condenado Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud, a siete años y un mes de cárcel por su influencia en la adjudicación de contratos a empresas de la red.

Las condenas son sensiblemente inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. Para De Miguel, por ejemplo, pedía 29 años y 9 meses. La audiencia, por otra parte, ha absuelto a 11 de los 26 acusados, entre ellos al exviceconsejero de Cultura y Juventud, Gurutz Larrañaga. Entre los hechos probados, la sentencia relata que los acusados De Miguel, Tellería o Ochandino idearon crear una red para aprovechar las relaciones por su pertenencia al PNV para obtener beneficios económicos personales a través de contratos o adjudicaciones públicas e incluso por «trabajos que nunca fueron realmente hechos»

El origen del caso fue en el 2009, aunque salió a la luz en el 2010 con la detención del entonces número tres de la Diputación de Álava y hombre llamado a ser el futuro presidente del PNV en el territorio;: Alfredo de Miguel, además de Aitor Tellería, Koldo Otxandiano y sus esposas. Todo estalló tras la denuncia de una abogada que desveló al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que había sido víctima de una extorsión de De Miguel, que le pedía una mordida 100.000 euros a cambio de un contrato.

Urkullu pide perdón

«La sentencia es suficiente como para pedir disculpas a la sociedad». Apenas una hora después de que se conociera el fallo sobre el caso De Miguel que ha impuesto fuertes condenas de cárcel a varios ex altos cargos del PNV alavés y del propio Ejecutivo autonómico, el lendakari ha comparecido para pedir perdón por lo que considera una actitud «reprobable» y «éticamente desviada», y expresar su «tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción».

Iñigo Urkullu hizo ayer un llamamiento a la rectitud ética. Su declaración era importante no solo por ser el líder del Gobierno vasco, también porque presidía el PNV cuando estalló el caso De Miguel hace una década. En ese sentido, reconoció que los condenados «se valieron de su posición» para orquestar una trama corrupta, pero ha subrayado con insistencia en que lo hicieron «buscando el enriquecimiento personal». Es decir, quiso desmarcar al partido de la corrupción de unos militantes.

Además de defender que actuó con «celeridad, claridad y contundencia», que tomó la decisión de apartar de sus cargos orgánicos y públicos a los acusados en cuanto se conocieron los primeros indicios de delito, y que les solicitó que se dieran de baja de la formación, el lendakari defendió la «trayectoria intachable» del PNV.

Es un «día triste» para el PNV, aseguró el actual presidente del partido, Andoni Ortuzar, y añadió que no es una resolución judicial contra el partido, que ha sufrido un «evidente perjuicio».