La Generalitat catalana obliga a los bancos a facilitar un alquiler social a okupas vulnerables antes de una demanda

La Voz REDACCIÓN

ACTUALIDAD

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo
La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo

El Ejecutivo aprueba un decreto para combatir situaciones de emergencia residencial

23 dic 2019 . Actualizado a las 14:10 h.

Los grandes tenedores, como las entidades bancarias, deberán ofrecer un alquiler social obligatorio con una duración de hasta siete años antes de interponer una demanda judicial para las familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren en procesos de desahucios o bien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado este lunes el Gobierno catalán en el Consejo Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha puesto en valor que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas.

«Es un plan de choque», ha dicho el consejero, que ha cifrado en 13.900 los desahucios que se produjeron en el 2018, y en los dos primeros trimestres de este 2019 ya se han ejecutado 6.990.

En el primero de estos objetivos, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica. Además, la norma incluye que una persona física con más de 15 pisos en propiedad también será considerada como gran tenedor.

El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento. También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.

Además, las administraciones y entidades sociales tendrán más oportunidades para adquirir viviendas por la vía del tanteo y retracto para destinarlos a vivienda asequible a través de la ampliación hasta el 2027 del plazo para ejercer estos derechos, así como también del ámbito de aplicación, que se hace extensivo a toda Cataluña.