El 2020 de Donald Trump: del «impeachment» a la reelección

De cómo se resuelva el juicio político dependerá en gran medida las opciones de que el presidente renueve cuatro años más su mandato

Un seguidor se fotografía en un cartel de Trump en Palm Beach.
Un seguidor se fotografía en un cartel de Trump en Palm Beach.

Washington / E. La Vozdata / agencia

No hay comienzos de año rutinarios con Donald Trump. No lo hubo en el 2019 y no lo habrá en el 2020. Al inicio del actual, el presidente logró batir el récord de duración de un cierre de gobierno: dejó en casa y sin salario a más de 800.000 funcionarios y contratistas durante 35 días. Empeñado en vincular la financiación de la Administración con un presupuesto para construir su muro con México, Trump tuvo que dar su brazo a torcer a finales del pasado enero. Se llegó entonces a un acuerdo con el Capitolio que cerró un shutdown que había mantenido a la capital del país en un prolongado letargo posnavideño. 

A comienzos del año entrante, afrontará el juicio político del impeachment. Eso sí, salvo que se prolongue el tira y afloja entre demócratas y republicanos a costa de las condiciones en que debería celebrarse. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha transferido todavía al Senado los dos cargos aprobados contra el presidente. 

Walsh y Weld

Siendo realistas, las opciones de que Donald Trump acabe fuera del cargo por un impeachment son hoy parecidas a las de que Joe Walsh o William Weld sea el candidato republicano a las presidenciales del próximo mes de noviembre. Quizá a los lectores no les suenen, pero Walsh y Weld quieren batir a Trump en las primarias republicanas. Su problema es que la mayoría de simpatizantes probablemente tampoco ha oído hablar de ellos y, en tiempos de un partido mimetizado con el mandatario, son ya varios los estados que han renunciado a organizar unas. 

Con una aprobación de alrededor del 90 % entre los conservadores, todo lo que no sea proclamar en agosto a Donald Trump como candidato a la reelección sería tan insólito como ver a los senadores republicanos admitiendo que el presidente abusó de su poder al solicitar a Ucrania que investigara a el exvicepresidente Joe Biden o que obstruyó la investigación del Congreso al negar documentos y bloquear la comparecencia de testigos clave. 

Tras el Rusigate

De cómo se resuelva el capítulo del impeachment dependerán en gran medida las opciones de que Trump renueve cuatro años más. En primavera celebró la conclusión de casi dos años de investigación del conocido como Rusiagate manipulando y explotando a conveniencia las conclusiones del informe de Robert Mueller. 

El fiscal especial logró identificar «numerosos vínculos entre individuos con lazos con el Gobierno ruso e individuos asociados con la campaña de Trump», pero no halló pruebas suficientes para probar que existiera coordinación.

Aunque no concluía una conspiración, Mueller dejaba abierta la puerta a que el Congreso juzgara las numerosas pruebas de que Donald Trump había obstruido la investigación. No fue la «completa y total absolución» que vendió el mandatario. El 25 de julio, solo un día después de que Robert Mueller declarara ante el Congreso, Trump mantuvo la conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que sembró la semilla del actual proceso de impeachment. 

En manos del Supremo

Aferrado a la buena marcha de la economía, parte de la fortuna política de Donald Trump se jugará en el Tribunal Supremo. La máxima institución judicial del país, dos de cuyos nueve jueces han sido nombrados por él, tiene que decidir de aquí a junio si el Congreso y la fiscalía de Manhattan tienen derecho a acceder a su declaración de impuestos. El presidente, al contrario que sus predecesores, la ha mantenido en privado. Y hay cierta expectación por saber qué podrían revelar los números.

Al Supremo le corresponderá también resolver la suerte de DACA, el programa creado por Barack Obama para proteger de la deportación a alrededor de 700.000 dreamers, el nombre con el que se conoce a los inmigrantes llegados de forma irregular al país cuando eran menores de edad. Denunciado como inconstitucional por la Casa Blanca, una resolución que permita anularlo podría enviar a la clandestinidad a cientos de miles de personas sin lazos con sus países de origen y a los que la mayor parte de estadounidenses tiene en buena estima. Reforzaría su imagen de tipo duro con la inmigración irregular, pero no sería fácil de gestionar para Trump. 

Con el regreso del buen tiempo será también el momento de testar el impacto de la red de complicidades que el presidente ha ido tejiendo para reducir drásticamente la entrada de inmigrantes por la frontera sur del país. Tras forzar la de México (que desplegó al Ejército y acepta albergar a quienes solicitan asilo en EE.UU.) y haber convertido los países centroamericanos de los que huyen la mayoría de ellos en estados garantes de refugio, las entradas se han reducido notablemente en el último tercio del año.

Un éxito para Donald Trump que poco tiene que ver con su prometido muro con México, que apenas avanza a meses de las elecciones. Entonces se habrá cumplido más de un año y medio desde que declarara la emergencia nacional con la que desvió fondos de otras partidas hacia la valla tras el fiasco del shutdown.

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