La Xunta defiende el peso de la dispersión y el envejecimiento, y recuerda que la reforma tiene que ser «multilateral»
16 ene 2020 . Actualizado a las 08:47 h.Que Compromís, en virtud del acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE, se haya arrogado liderar la delicada reforma del modelo de financiación autonómica ha levantado ya las primeras ampollas y amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para el recién estrenado Ejecutivo, que la tiene entre sus prioridades más inmediatas. Los socialistas pactaron con la coalición valenciana que en un plazo máximo de ocho meses el Gobierno presentará una propuesta para un nuevo sistema de financiación que «garantice» que será «justo» para la Comunidad Valenciana, que lleva años quejándose de que el actual es «especialmente lesivo». Su plan es que en el reparto de fondos pesen factores como la población o los servicios que prestan, por ejemplo, a la bolsa de turistas e inmigrantes que reciben.
Aunque no hay nada cerrado, más allá del calendario en el que la propuesta del nuevo modelo debe ver la luz —a la vuelta del verano—, comunidades como Galicia o Aragón han manifestado su preocupación por la orientación de una reforma especialmente sensible y que lleva pendiente desde el 2014. La patata caliente pasa de Cristóbal Montoro, al frente de Hacienda con el PP, a María Jesús Montero, su sucesora socialista.
«Esta reforma ten que ser multilateral e pactada, e non repetir o erro de 2008, facendo unha negociación bilateral», advertían este miércoles desde la Xunta. Y es que las pretensiones de los valencianos, comunes a otras comunidades mediterráneas, con similar perfil económico y demográfico, chocan frontalmente con las de los territorios que, como Galicia, sufren el problema del envejecimiento y de la dispersión de la población, factores ambos que disparan el coste de la prestación de los servicios públicos básicos.
Por ello, la Xunta no se mueve de su reivindicación de un nuevo modelo de financiación basado en el principio de suficiencia y en el derecho de todos los ciudadanos a recibir los mismos servicios, con independencia de donde residan. «Defendemos que o obxectivo é financiar persoas, non financiar territorios», subrayaron desde el Ejecutivo, reclamando que se ponderen «correctamente» la dispersión y el envejecimiento, factores «determinantes» en la factura de los servicios públicos básicos, como la educación o la sanidad. En el mismo barco están Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, que, pese al diferente color de sus gobiernos, en septiembre del 2018 formaron un frente común para defender sus necesidades frente a las de las comunidades más pobladas.
Sacar adelante la nueva financiación será difícil, porque, a las posturas enfrentadas de los dos bloques de comunidades, se suma la necesidad de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar la ley orgánica que la contenga.
Aragón, gobernada por el PSOE, avisa de que antepondrá el interés del territorio a las siglas
La guerra parece estar servida. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lombán, aseguró este miércoles que no aceptará «en ningún caso» que el Ejecutivo central firme un acuerdo «bilateral» con «ninguna comunidad autónoma», en referencia a la valenciana. Además de pedir que se retome «de manera inmediata» el debate multilateral sobre la financiación, avisó de que antepondrá el interés del territorio a las siglas, recordando —como la Xunta— que en el 2018 ya sumaron fuerzas con otras comunidades de diferente signo político.
Lambán señaló que aunque es «muy amigo» de su homólogo valenciano, el también socialista Ximo Puig, «antes» alcanzará un acuerdo con el presidente de Castilla y León que con Puig en materia de financiación.
La patronal valenciana presiona
Sin embargo, a orillas del Mediterráneo no están dispuestos a renunciar a lo pactado con el PSOE, aunque la aritmética parlamentaria lo convierta casi en utopía. Ayer mismo el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, advirtió al Gobierno de que si no reforma el modelo para que resuelva la «infrafinanciación» de la comunidad sacará a la calle a la población en una «manifestación masiva» todavía con más presupuesto y fuerza que la que movilizó en noviembre del 2017 contra el Ejecutivo del PP.
«Da igual Montero que Montoro», aseguró en un desayuno con medios de comunicación, en el que no ocultó su «preocupación» por la posibilidad de que el Gobierno pueda tener «más sensibilidad» hacia «otros territorios».
La polémica ha estallado incluso antes de que se reactive el grupo de trabajo que debe abordar la espinosa reforma.