El Parlamento Europeo levantó la inmunidad en el 90% de los casos en la legislatura anterior

I. SÁNCHEZ ARTERO BRUSELAS | E. LA VOZ

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El fantasma del suplicatorio, principal quebradero de cabeza para Puigdemont y Comín

16 ene 2020 . Actualizado a las 10:29 h.

El 2019 se cerró con una victoria para los independentistas huidos en Bruselas desde el 2017, Carles Puigdemont y Toni Comín. Y no es para menos, ya que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, les abrió la puerta del Parlamento Europeo para iniciar los trámites pertinentes para recoger su acreditación como diputados en enero. Sin embargo, el fantasma del suplicatorio amenaza con amargarles su andadura en la Eurocámara.  

Esta es la última herramienta que le queda a España para juzgar a Puigdemont y Comín y sortear su inmunidad como eurodiputados. Este privilegio es importante, ya que garantiza que los políticos puedan ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. Sin embargo, inmunidad no es impunidad, y por ello las autoridades nacionales pueden pedir la suspensión de este derecho para que un eurodiputado sea juzgado. Los casos se estudian y el Pleno determina si se mantiene o no el derecho por mayoría simple

Los datos son contundentes: el Parlamento Europeo levantó la inmunidad en el 90% de los suplicatorios presentados a lo largo de la octava legislatura (2014-2019). Durante ese período se estudiaron 61 casos ligados a la inmunidad y, de los 55 suplicatorios que pedían el levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado o eurodiputada, tan sólo en cinco casos la Eurocámara decidió no levantar este privilegio a los afectados. En cuatro de los casos se hizo alegando la libertad de opinión y voto de los eurodiputados en el ejercicio de sus funciones y, en el quinto, la Cámara concluyó que podía ser un caso de fumus persecutionis donde la intención era perjudicar la actividad política del denunciado. 

La socialista portuguesa Ana Gomes ha sido objeto de dos suplicatorios de los que salió victoriosa. El Parlamento Europeo determinó que en sendos casos estaba amparada por el artículo 7 de privilegios e inmunidades de los eurodiputados, que señala que los políticos no podrán ser buscados, detenidos, ni procesados por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Tanto en el caso del 2014, como el de 2017, la socialista denunciaba en dos medios de comunicación la privatización de los astilleros de Viana do Castelo y la Eurocámara determinó que esas declaraciones las hizo como miembro del Parlamento y como vicepresidenta de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y mala gestión en relación con el blanqueo de capitales o evasión fiscal.

El también socialista Rosario Crocetta solicitó su inmunidad como parlamentario cuando recibió un procedimiento del Tribunal de Palermo. Y es que el antiguo eurodiputado italiano estaba siendo acusado de declaraciones difamatorias durante su época en Bruselas. El Pleno hizo especial hincapié en su papel activo en la lucha contra la delincuencia organizada y la influencia de la corrupción sobre la política y la economía.

La misma suerte corrió el francés del Frente Nacional, Florian Philippot. El Parlamento Europeo determinó que el artículo 7 no solo ampara las opiniones de sus diputados en la Eurocámara, sino también las expresadas en otros foros, como medios de comunicación, cuando existe una relación entre la opinión expresada y sus funciones parlamentarias. 

La nota discordante es la del caso del diputado griego de Nea Demokratia, Manolis Kefalogiannis. Estaba acusado de tentativa de fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea por una suma de 73.000 euros, por haber desviado ilegalmente parte del sueldo de uno de sus asistentes. Sin embargo, la Cámara concluyó que podía ser un caso de fumus persecutionis donde la intención subyacente era perjudicar la actividad política o reputación del denunciado.

Atendiendo a los casos presentados en la legislatura anterior, se puede concluir que el Tribunal Supremo podría llevar finalmente a Puigdemont y Comín ante la Justicia española. Sin embargo, la tramitación del suplicatorio es un proceso largo, que podría alcanzar un año.