La imposible desjudicialización política

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Dolores Delgado, en un acto en Madrid en diciembre del 2019.
Dolores Delgado, en un acto en Madrid en diciembre del 2019. Ricardo Rubio | Europa Press

En una semana hay ya un conflicto institucional y una avalancha de denuncias cruzadas

18 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La necesidad de «desjudicializar» la política, concepto tan complicado de escribir y pronunciar como de conseguir, fue un argumento recurrente de Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Pero ha bastado poco más de una semana para constatar que, lejos de confirmarse ese objetivo, la legislatura amenaza con ser una de las más conflictivas en lo que afecta a la judicialización de la política y también en la politización de la Justicia. En apenas unos días, se ha generado ya un grave conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y una avalancha de denuncias y recursos ante los tribunales que afecta a todas las fuerzas políticas.

Conflicto con el CGPJ

Reproches a Iglesias. El mismo día en que tomó posesión de su cargo como vicepresidente segundo del Gobierno, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hizo unas declaraciones en la que acusó a la Justicia española de haber «humillado» al Estado al haber sido desautorizada por los tribunales europeos. Unas palabras que provocaron una dura respuesta del Consejo General del Poder Judicial, que de manera unánime exigió al nuevo Gobierno que no utilice políticamente la Justicia, y una réplica del Ejecutivo defendiendo su libertad de expresión para criticar a los jueces.

Delgado divide al CGPJ

Dudas sobre la idoneidad. La decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de designar como fiscala general del Estado a su exministra de Justicia y exdiputada del PSOE, Dolores Delgado, dio lugar también a una polémica judicial que acabó por generar una división sin precedentes desde hace décadas en el Consejo General del Poder Judicial. Siete de los magistrados que votaron en contra de la designación de Delgado afirman que no reúne los requisitos de idoneidad para el cargo, pero incluso dos de los que sí la aprobaron estiman que su nombramiento rompe la apariencia de imparcialidad. Frente a ellos, doce vocales, incluido su presidente, Carlos Lesmes, aprobaron un informe en el que se limitan a constatar que cumple los requisitos legales, aunque eludieron pronunciarse sobre su «idoneidad». Se abre además la posibilidad de que Delgado tenga que inhibirse en asuntos que afectan al procés al haber intervenido ya en ellos como ministra de Justicia. Dos de las tres principales asociaciones de fiscales se manifestaron en contra de Delgado.

El PP, contra el Gobierno

Vulneración del estatuto fiscal. El PP ha decidido también plantear batalla al Gobierno en los tribunales. El líder de los populares, Pablo Casado, anunció que su partido recurrirá la propuesta del presidente del Gobierno de designar a Dolores Delgado porque «ataca directamente» la separación de poderes y al propio Estado de Derecho» y vulnera, a su juicio, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Cataluña

Cruce de sentencias. En Cataluña, el laberinto judicial en el que está anclada la política va en aumento. El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, recurrirá ante el Supremo su suspensión como diputado por parte de la Junta Electoral Central y amenaza con no acatar una posible sentencia del alto tribunal que respalde la decisión. El Supremo rechazó suspender cautelarmente la suspensión, pero ayer la Fiscalía se mostró favorable a que mantenga la condición de diputado en tanto el Supremo no resuelva la cuestión de fondo.

Vox, guerra sin cuartel

Ofensiva judicial de Abascal. En apenas cuatro días, Vox ha dejado claro que está dispuesto a sostener su «guerra sin cuartel» contra el Gobierno no solo en el Parlamento, sino también en los tribunales. Ha denunciado ya a Pedro Sánchez y Dolores Delgado por ordenar un cambio en el criterio de la Abogacía del Estado respecto a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la inviolabilidad de Oriol Junqueras y a los propios abogados del Estado que firmaron las alegaciones. Además, Vox ha denunciado al Parlamento Europeo por extralimitarse al reconocer a Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados; a los miembros dela Mesa del Parlamento catalán por reconocer como diputado a Joaquim Torra pese a ser inhabilitado por la Junta Electoral Central; a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por aprobar las diferentes fórmulas de acatamiento de la Constitución, y a Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta financiación irregular tras la revelación desde las autoridades bolivianas de que el Gobierno de Evo Morales pagó 1,3 millones de euros a la consultora mexicana Neurona Consulting, vinculada a Podemos.

Recursos e impugnaciones en Cataluña, Murcia, País Vasco y Madrid

Además del anuncio del Gobierno de recurrir por la vía judicial el llamado pin parental impuesto por el Gobierno de Murcia si no se asume su requerimiento para que se retire, hay recursos e impugnaciones en otros territorios.

Decreto digital

Piden recurso del Gobierno vasco. El PNV, Elkarrekin Podemos y el PSOE vasco instaron ayer en la Cámara autonómica a que el Gobierno de Vitoria presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el anterior Gobierno para combatir la «república digital catalana». Sánchez ya se comprometió con el PNV a derogar el decreto de seguridad digital que su propio Gobierno aprobó el 31 de diciembre.

Embajadas

Polémica reapertura. Tras el pacto de ERC con el PSOE a cambio de abstenerse en la investidura, la Generalitat anunció la reapertura de varias de las llamadas embajadas de Cataluña en el extranjero modificando los decretos para soslayar la prohibición judicial promovida por el exministro de Exteriores Josep Borrell. El nuevo Gobierno cambió de criterio y ha dado el visto bueno a la reapertura de las embajadas en Argentina, México y Túnez. Un caso que acabará también en los tribunales de Justicia.

Visados falsos

Denuncian a Monasterio. Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía a la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, por delitos de falsedad y estafa por usar hasta el 2016 un visado falso del Colegio de Aparejadores para tramitar obras.