Hacienda gana más de 100 millones en la guerra contra los coches diésel

G. Lemos / M. Sío Dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

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Recaudó un 20 % más por el tirón de los gasolina y el nuevo ciclo de medición de emisiones

04 feb 2020 . Actualizado a las 08:23 h.

En la guerra abierta por el Gobierno contra el coche diésel solo ha habido un ganador: la Agencia Tributaria. El fisco ingresó en el 2019 casi 103 millones más en concepto de impuesto de matriculación, un repunte de nada menos que el 20 %. Y eso en un año en el que las ventas de coches no solo no crecieron, sino que se redujeron cerca de un 5 %, a consecuencia de la incertidumbre económica y de las dudas que las declaraciones oficiales sobre el futuro de los vehículos propulsados a gasoil (incluida la subida de la fiscalidad de este combustible) generaron entre los consumidores.

El resultado fue que, según los datos de la AEAT, en España se matricularon 50.000 coches menos que en los doce meses anteriores. Pero eso no penalizó los ingresos del fisco, que se elevaron desde los 513,4 millones del 2018 a los 616,1 del pasado ejercicio. Por vehículo matriculado, la factura impositiva se elevó, de media, en casi cien euros, desde 377 a 473.

Pero hay que tener en cuenta que el tributo no se aplica en todas las operaciones de compraventa de coches. Están exentos aquellos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro. A partir de ese umbral sí se grava, con un tipo variable que va desde el 4,75 % del importe de adquisición hasta el 14,75 % cuando el coche supere los 200 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

Y, pese a la cada vez mayor oferta de híbridos y eléctricos en el mercado, cada vez son menos los automóviles que consiguen salir del concesionario sin el correspondiente mordisco de Hacienda. El año pasado quedaron exentos el 59 % de los que se compraron, casi veinte puntos menos que hace tres años, cuando la cifra de coches exentos del gravamen marcó máximos (77 %). Solo en el último ejercicio la caída fue de casi diez puntos.

Eso sí, de los que pagan impuesto, la inmensa mayoría, un 85 %, lo hace al tipo más bajo.

Los porqués de la mayor factura

Hay varias razones detrás de este incremento de la recaudación. La primera, los nuevos gustos de los consumidores, cada vez más tentados por coches más grandes y de mayor consumo (y, por tanto, emisiones), como los SUV. A esto se añade el repunte de los motores de gasolina, ante el incierto futuro del diésel, que también tienen una mayor factura fiscal.

A esto hay que añadir la entrada en vigor, a finales del 2018, de una nueva normativa de homologación, la WLTP, mucho más realista que la que se aplicaba anteriormente, lo que dio lugar a un incremento de las cifras de emisiones contaminantes, por lo que la industria calcula que casi un 20 % de los coches que antes no estaban obligados a pagar el impuesto de matriculación tendrán que abonarlo. Para modular el impacto de esa medida, el Gobierno optó por aprobar un período transitorio, que concluirá este año, de forma que el impacto completo no se notará hasta el próximo mes de enero.

Y es que el cambio no es menor, ya que el pagar o no impuesto de matriculación puede elevar en entre 1.000 y 1.500 euros el coste de la operación. Así, por ejemplo, en un coche de 25.000 euros que pase de estar exento a tener que tributar el precio de adquisición se elevaría en 1.187,5 euros.

De hecho, la patronal de fabricantes de coches Anfac propuso el año pasado la integración de los impuestos de matriculación y circulación, alegando que la adquisición del coche está ya gravada con el IVA. Y aunque en principio la ministra de Industria, Reyes Maroto, parecía no ver con malos ojos esa posibilidad, la política del Gobierno parece ir más en la línea de endurecer ambos impuestos. Así, Hacienda se ha mostrado abierta a redibujar los límites a partir de los cuales se abona el de matriculación, para que menos coches queden exentos, mientras que el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIE), en exposición pública, aboga por vincular también el recibo del rodaje, un tributo que recaudan los ayuntamientos, a las emisiones y no a la potencia, como ocurre ahora, para incentivar la renovación del parque de vehículos.