Ábalos se escuda en un subterfugio legal para no explicar su cita con Delcy Rodríguez

Borrell reprocha a PP, Cs y Vox que ignoren que la UE no puede investigar a España por la visita de la número dos de Maduro

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado
I. Sánchez Artero
Madrid, Bruselas / La Voz

El PP acusó al Gobierno de «esconder» a José Luis Ábalos en la sesión de control a la que se enfrentó ayer en el Senado. El grupo popular planteó una pregunta sobre el polémico encuentro nocturno en Barajas entre el responsable de Transportes y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el que la Moncloa y el ministerio han ido aportando diferentes y contradictorias explicaciones para salir al paso de las informaciones publicadas al respecto. Pero en el registro de su interpelación en la Cámara Alta, el Grupo Popular no especificó que esta iba dirigida al titular de la rebautizada cartera de Fomento, detalle al que se aferró el Ejecutivo para proteger a Ábalos, proponiendo a la ministra de Exteriores como destinataria de la misma. Al encontrarse Arancha González Laya de viaje oficial, la cuestión quedó aplazada.

«Es el cumplimiento estricto del reglamento». La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, negó así que estuviesen empleando algún subterfugio legal para ocultar el encuentro en el aeropuerto de Madrid entre Ábalos y la mano derecha de Maduro, quien tiene prohibida el acceso al espacio Schengen por la UE, acusada de crímenes de lesa humanidad.

A su llegada el Senado, Ábalos, destinatario de una pregunta de ERC sobre una carretera en Lérida a la que sí respondió, argumentó que la cuestión del PP estaba dirigida al Gobierno, y no a un ministro en concreto, por lo que «sería extraño» que fuese él quien «tuviera que abordar un tema internacional».

En la sesión de control del Congreso de este miércoles, la primera de la legislatura, la oposición sí preguntará a Ábalos sobre este encuentro, pero también exigirán explicaciones del mismo a Pedro Sánchez, a la portavoz, María Jesús Montero, y al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La riña se muda a Estrasburgo

La cita nocturna en Barajas del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana también fue ayer objeto de debate en el Parlamento Europeo. El jefe de la diplomacia de la UE, el español Josep Borrell, insistió en que Bruselas no puede actuar contra España porque la Unión no tiene asignada la competencia de vigilar a los Estados miembros para que cumplan la aplicación de las sanciones internacionales.

El debate, propuesto por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas y apoyado por PP y Vox, dejó prácticamente desierto el hemiciclo, donde ayer por la tarde la práctica totalidad de los diputados presentes eran españoles. Los europarlamentarios trasladaron así a Estrasburgo un rifirrafe más propio de una Cámara nacional, todo ello ante la atenta mirada del vicepresidente de la Eurocámara, el alemán Rainer Wieland, y del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell.

El Partido Popular quiso denunciar en su intervención ante la Eurocámara lo que denominó como «escándalo» protagonizado por Ábalos, e instó a la UE a investigar la actitud del Gobierno de Sánchez que, según palabras de la eurodiputada conservadora Dolors Montserrat, «está abriendo las puertas de Europa al chavismo». Jordi Cañas siguió la misma línea e insistió en que la Comisión «tiene el rol de velar para que los incumplimientos se sancionen». Vox fue más allá y denunció al Gobierno «socialcomunista que hay en España» por haber tenido «una cita con un Gobierno criminal en la clandestinidad». El PSOE, Podemos y los comunes coincidieron, por su parte, en que es una «vergüenza utilizar la Cámara del Parlamento Europeo para un debate puramente español».

Josep Borrell concluyó el turno de intervenciones de forma tajante: «Las restricciones son decisiones del Consejo y, por tanto, no son Union law. Y si no lo son, la Comisión Europea no puede intervenir ni iniciar ningún procedimiento de infracción». Insistió, de esta forma, en el mismo mensaje que han transmitido diferentes portavoces del Ejecutivo comunitario a lo largo de las últimas semanas. El alto representante de la UE lanzó un dardo a los eurodiputados del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, a los que invitó a «estudiar más», en referencia a la clara normativa que existe en los tratados sobre las competencias de cada institución. Por último, subrayó que el Servicio Europeo de Acción Exterior está en contacto con los Estados miembros «para asegurar que estas sanciones se aplican de forma homogénea».

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