Rufián tacha de fascistas a jueces y policías en el Congreso y Sánchez elude responderle

La primera sesión de control al nuevo Gobierno sirvió para comprobar las dificultades del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acostumbrado al choque y la provocación en sus intervenciones, para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, en cuya investidura fue clave la abstención de los republicanos. Rufián preguntó a Sánchez qué es lo que está dispuesto a hacer el Gobierno para luchar contra el «auge del fascismo». Y, tras escuchar la respuesta del presidente del Gobierno, centrada en la Ley de Memoria Histórica, optó por no debatir con él, pero sí advertirle de que en España no hay uno, sino tres tipos de fascismos. Uno, «terriblemente peligroso», que es el de los grupos neonazis. Otro, «chusco», que «niega derechos y se graba con sus fusiles en campos de tiro», en alusión a las imágenes publicadas por el diputado de Vox Javier Ortega Smith. Y un tercero, que a su juicio es «el peor de todos», que es «el de corbata, toga y uniforme, que ampara a los otros dos», en referencia a los jueces y policías españoles.

El diputado de ERC, que se convirtió en el principal promotor del Ejecutivo de coalición ente el PSOE y Unidas Podemos tras las últimas elecciones, instó «a que la izquierda haga de izquierda de una vez por todas», dignifique la memoria de quienes buscan a sus familiares en las cunetas, anule sentencias de «tribunales asesinos, fascistas y franquistas» y elimine un «mausoleo fascista en la capital del reino llamado Valle de los Caídos».

Sánchez pasó por alto las alusiones de Rufián al fascismo de los jueces y policías españoles y renunció a utilizar su turno de réplica al diputado de ERC. Antes, se había centrado en lanzar un mensaje conciliador. Aseguró que su Gobierno ha situado la memoria histórica «al nivel de la política de Estado». Se mostró dispuesto a «reconocer la figura de Companys», en referencia al expresidente de la Generalitat fusilado por el franquismo, y a «denostar el juicio al que fue sometido». «Vamos a modificar y actualizar la Ley de Memoria Histórica porque hemos encontrado durante estos años de aplicación que hay algunas lagunas que tenemos que corregir», señaló el líder del PSOE, que se comprometió también acabar «con los reconocimientos injustos a los torturadores» y a promover fondos económicos «para los familiares que buscan a sus seres queridos en las cunetas». En el caso concreto del expediente del torturador franquista Billy el Niño, a cuya publicación se opuso el PSOE en la Mesa del Congreso, aseguró que el Gobierno quiere «la mayor de las transparencias y la mayor de las reparaciones para las víctimas» y aseguró que para ello se modificará la ley para acabar con «los reconocimientos que injustamente recibió».

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